En efecto, el significado que ha de atribuirse al juramento de Ollanta Humala sobre una Constitución que no tiene vigencia en el Perú (la de 1979, sobre la que juró en su asunción), no es el de la mera anécdota pasajera.

Si traemos a colación lo que ocurría en la Venezuela de 1999 cuando Hugo Chávez asumía la presidencia de la nación, las advertencias y alarmas de quienes denunciaron un probable alineamiento de Humala con el eje dictatorial castro-chavista comienzan a adquirir validez. “Juro delante de mi pueblo que sobre esta moribunda Constitución impulsaré las transformaciones necesarias para que la República tenga una nueva Carta Magna adecuada a los nuevos tiempos” espetó el mandón bolivariano en su juramento. Cabe aclarar que un Presidente jura sobre una Constitución a los efectos de comprometerse a cumplirla y respetarla. Lo desopilante en Chávez era que desde un inicio la daba por muerta, anticipando que iba a confeccionar una ajustada “a los nuevos tiempos”, esto es, sin eufemismos, a sus propios intereses políticos.

La actitud de Humala encuentra notable parecido, aunque, si se quiere, fue inclusive más directo: para el nuevo presidente peruano la actual Constitución parece no estar “moribunda”, sino directamente no existir. ¿Qué Constitución respetará y defenderá Ollanta? ¿La de 1979 sobre la que juró? ¿La vigente desde 1993? ¿O, fiel al estilo de los caudillos del “socialismo del Siglo XXI”, mandará a construir una nueva que le agrade más?

La incertidumbre que ofrecen tales interrogantes evidencian que el Estado de Derecho, a poco de comenzar la nueva gestión, ya peligra en el Perú.