Esta es la hipótesis que se maneja desde que la jueza Ada Siré del departamento de Treinta y Tres (limítrofe con Brasil) y la fiscal Sandra Fleitas iniciaron una investigación judicial y de Inteligencia que comprende altos cargos de la Policía uruguaya, además de mandos medios.

Todo comenzó en junio de 2012 cuando la policía de Brasil detuvo a un narcotraficante que poseía armas originarias de la Jefatura de Policía de Treinta y Tres. Así el Ministerio del Interior comenzó su paciente investigación interna, que ya produjo separaciones de cargos y denuncias del gremio policial por abuso de jerarquías. De acuerdo a la policía, las armas sustraidas suman más de 200 y son en su mayoría pistolas Glock y Browning junto a revólveres Astra, con un precio total que rondaría los US$ 300.000 en el mercado negro.

Informes desde la ciudad fronteriza de Uruguay con Brasil añaden que las armas llevan desaparaciendo desde el año 2010, y la cifra de 200 podría aumentar en la medida que se realizan recuentos más exhaustivos. Se maneja la posibilidad de que grupos criminales de Brasil y Uruguay, fundamentalmente dedicados al narcotráfico, sean abastecidos con este armamento. Como corolario, una perla legal: la figura penal de tráfico de armas no existe en Uruguay por tanto los responsables apenas podrían ser penados por contrabando, obviamente una figura delictiva menor.