Más allá de los evidentes cambios de postura, nos resulta fácil comprender que poner punto final a cualquier problema, es un propósito anhelado por todo gobernante, aún respecto de los que de algún modo ha contribuido a reactivar.

Lo cierto es que parecería se asume que la responsabilidad de gobernar es dura, amarga y pesa, y de pronto ya no hay princesa a quien cantar, como dice el poeta español en el que tanto nos sumergíamos en las clases de literatura en el viejo Liceo Rodó. En los votantes frenteamplistas y en las entrañas mismas del gobierno, es público y notorio que coexisten grupos con visiones diametralmente opuestas, en sustancia, intensidad y contenido respecto de los límites y los procedimientos en materia de revisión de las violaciones del pasado de los inalienables derechos humanos, en este caso desde una de las por lo menos dos vertientes posibles del conflicto.

Sin embargo hay una constante comprobada: cuando más participación tuvieron los protagonistas en las acciones armadas de hace más de treinta años, y cuanto mas fuerte es su liderazgo político o de opinión de hoy, mas intensa es su visión “punto-finalista” sobre el tema.

Así hoy los comandantes de la guerrilla de ayer, aparecen insistiendo una y mil veces que sólo la desaparición física de la generación protagonista de la brutal confrontación de aquel tiempo, será el camino de solución definitiva en este espinoso y bifronte asunto que tanto lastimó a la sociedad uruguaya.

Cuando hoy asistimos a estos loables propósitos finalistas del gobierno, pareciera que se olvidara que las pasiones humanas, las angustias y las esperanzas alentadas, no son administrables con una llave que encienda, regule o apague los espíritus como si los sentimientos, su pasión e intensidad fueran variables controlables por decreto.

Durante lustros se aceleró el pulso social prometiendo verdad, juicio y castigo sin límites ni excepción y de pronto intempestivamente se decreta el punto final. No es posible dictar ese punto final, ordenar como se informa se suspenda toda búsqueda y al mismo tiempo asistir a la promoción de la derogación de la ley de caducidad de la pretensión punitiva del estado, -eufemístico nombre para una de las leyes de pacificación nacional de entonces- mientras se inaugura en predio militar una cárcel especial para algunos de los imputados del lado militar o policial de entonces.

Pero el Poder Ejecutivo ya afirmó que no piensa derogar esa ley ya sometida a referéndum a pesar de que algunos de los sectores más fuertes que constituyen o apoyan al gobierno, alientan como propósito irrenunciable su anulación, sabiendo o debiendo saber, que jurídicamente es imposible, porque las amnistías concedidas a un lado u otro del conflicto –todas y mas allá de su nombre incluyendo la de los presos comunes- son guste o no guste absolutamente irrevocables en un estado de derecho.

Todos los uruguayos en materia de la injustificable violación constitucional y de los derechos individuales consagrados en ella, quisimos siempre un punto final, y la mayoría de nosotros deseamos que fuera sin hemiplejias ni oportunas condescendencias, porque a la barbarie no le reconocemos ni mástiles ni velas, venga de donde venga. Por eso la nación votó como votó en referéndum hace casi dos décadas, y de algún modo dispuso que un conjunto de leyes y medidas dictadas en forma armónica e integrada y en todas direcciones, pusieran un límite a la confrontación.

El gobierno parece que cree poder administrar las pasiones por tanto tiempo promovidas desde sus sectores militantes. Llega hasta este punto final de hoy en base a la información de que dispone con un mojón distinto -pero mojón al fin- como ayer otros gobiernos llegaron hasta un límite máximo posible de acuerdo a las circunstancias e informaciones disponibles. Ahora el gobierno de hoy con la particularidad de cada tiempo histórico, resuelve que hasta aquí pudo llegar en este tema de la búsqueda, de acuerdo a sus actuales circunstancias.

Visible es que de un lado y otro de la escena, la supuesta solución final que se decreta no se siente como tal. Hay gente de cada lado del problema, que aún espera saber, responsabilizar y castigar, como hay gente que aún espera que el tema no les alcance porque sienten que el proceso ya se laudó.

A ninguno de ellos el decreto de punto final les significará una solución.
Que pasará mañana. Quizás cualquier otro gobierno en el futuro, como producto de la investigación histórica futura descubra otras verdades o las mismas de diferente forma, y actuando en consecuencia desde otras circunstancias se fije traspasar los límites del anunciado decreto de hoy en una dirección o en otra.

Sucesivos gobiernos fueron fijando sus propios límites, generando complejas amnistías y generosas restituciones, pasando por la comisión para la paz, hasta llegar a la situación de hoy donde se pone un techo fáctico con órdenes concretas respecto al accionar en la materia. Ahora el gobierno debe lograr ser comprendido por todos sus adeptos dentro y fuera del país.

Predicar que el punto final significa nunca más otra vez violencia, guerrilla y golpe de estado, desde un humilde decreto del poder ejecutivo integrado por un solo partido, es por lo menos poco realista. Esto lo dice la constitución con claridad, y los uruguayos ya lo resolvimos en las urnas en referéndum. Pero antes aún fue dicho en el plebiscito del ochenta, y en el obelisco lo desgarró como nadie el inolvidable Candeau a los cuatro vientos.

Si el nunca más no se cumpliera en el futuro seguro es que no será por falta de normas o doctrina que detenga al tirano en su criminal propósito, pero mucho menos lo será por el límite de un decreto del gobierno del año 2006 con fecha patria del prócer incluido, que ilusoriamente resuelva por si y ante si poner punto final por esta norma de inferior nivel para tan magno asunto.

La garantía estará siempre en el respeto de la ley y en el compromiso de los uruguayos con sus instituciones democráticas en cada tiempo histórico.

La paz y su verbo conjugado la pacificación, se construye, se alienta, se enseña y se practica día a día. Simplemente decretarla, en el mejor de los casos es solamente una ilusión desde el espejismo del poder.

(*) Representante Nacional - Partido Colorado.

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