La politización de la lucha contra el crimen, es decir utilizarla para fines políticos, electorales, clientelares y de desprestigio del Poder Ejecutivo, nos ha llevado que aún analistas prestigiados como Jorge Castañeda, en un reciente libro del cual es coautor, confundan consecuencias con causas y culpen al Gobierno Federal, siendo que es la autoridad que más ha combatido la violencia.

La lucha contra el crimen organizado, que recibe su principal financiamiento de la venta de droga en los Estados Unidos, no terminará hasta que en aquel país cambien las estrategias de lucha contra la venta de droga, que implica regularla de diferente forma y quitarle parte del mercado a quienes la venden ilegalmente.

En varios Estados donde los narcotraficantes se dedican también a secuestrar, extorsionar, a la piratería, al robo de gasolinas en ductos, a la prostitución y a los antros, han contado con la pasividad o complicidad de varias de las policías municipales y estatales.

Desde el 2002, grupos de ciudadanos se acercaron al Gobierno Federal y a congresistas  para pedirles la intervención de las autoridades federales ante las constantes extorsiones y secuestros, delitos en los que las autoridades estatales no hacían nada. El Gobierno Federal empezó a incrementar su presencia en ciertos Estados y posteriormente gobernadores se lo pidieron al Presidente.

Legalmente quienes deberían perseguir a los responsables de extorsiones, secuestros y homicidios, delitos del orden común, son las policías estatales. Pero ante su falta de capacidad o complicidad, entró el Gobierno Federal en su ayuda.

Sin la presencia de las fuerzas federales, algunos estados ya estarían controlados por el crimen organizado. Culpar al Gobierno Federal, ejército, marina y policía federal, de la violencia es igual a responsabilizar al bombero que trata de controlar el fuego, que los responsables de apagarlo lo dejaron crecer.