El nuevo presidente boliviano viajó por Europa y España, con el cargo estrenado y cara de novicio aplicado dispuesto a escuchar y entender, pero ha preferido atender a sus animadores Castro y Chávez e instalarse en el discurso añejo de la «madre tierra» (la pachamama) y del «saqueo» de la riqueza del pueblo boliviano por las multinacionales extranjeras. Una confiscación con traza de expolio cuyo alcance se sabrá este año.

Las compañías expoliadas, cotizadas en los mercados, tienen sede social y accionistas en Brasil (Petrobras), España/Argentina (Repsol YPF), Francia/Bélgica (Total-Petrofina) y Gran Bretaña (British Gas y BP). Todas disponen de contratos firmados en vigor y han mostrado una actitud favorable para modificar esos contratos y revisar los impuestos locales, las regalías, sobre la extracción de gas y petróleo.

El presidente Morales ha preferido la espectacularidad, el mitin del 1º de mayo, para anunciar su machada: la nacionalización de la riqueza nacional. Más aun, mandó al ejército a ocupar los pozos y advirtió a los expoliados que ante hipotéticos «sabotajes» (¿de quién?) respondería con la movilización popular.

Bolivia nacionalizó parte de su petróleo en 1937 y 1969, pero no salió del farolillo rojo de la pobreza de la región suramericana. La tercera nacionalización provocará jolgorio popular y ruido mediático para condenar a los bolivianos a más pobreza, con esa maldición de riquezas naturales que no revierten en favor de los ciudadanos. Como Nigeria o Venezuela, que nacionalizaron hace décadas sus enormes riquezas petroleras, pero sin dar un paso adelante para la prosperidad de sus pueblos.

La respuesta frente a Morales debe ser tan firme como prudente. La forma y el fondo de su decisión son deplorables e inquietantes. No es fiable, y no merece ninguna confianza. Cuando se conozca el detalle de las leyes tan demagógicamente anunciadas los expoliados recurrirán a la justicia internacional con el apoyo de sus gobiernos, de la Unión Europea, de España y de Brasil.

No es hora de declaraciones enfáticas y condenas ampulosas, más bien de decisiones claras que acrediten la no confiabilidad de esa política y de ese sujeto. Morales es presidente legítimamente elegido, pero sus decisiones tienen un precio y la comunidad internacional debe dar la espalda a los populistas altaneros e ignorantes.

Repsol YPF tiene un problema en Bolivia y tiene que recibir todo el apoyo del Gobierno español para resolverlo, para exigir garantías y responsabilidades. Los bolivianos tienen derecho a salir de una crisis política perpetua que les ha sumido en la pobreza, la incuria institucional y la inseguridad jurídica.