La ley Helms-Burton permite a ciudadanos cubano-estadounidenses actuar contra entidades que hubieran «comerciado» con bienes confiscados por los castristas.
Un grupo de demandas colectivas
presentadas esta semana en Miami (Florida) busca que varias compañías
-entre ellas, las cadenas hoteleras españolas Iberostar y Barceló-
compensen a ciudadanos estadounidenses o sus herederos por bienes y
propiedades confiscados por la dictadura castrista en Cuba.
Se
trata de cuatro demandas colectivas que se presentaron el lunes ante el
juzgado federal del Sur de Florida con exigencias de compensación
posibilitadas tras la entrada en vigor este año del Título III de la Ley
de Libertad y Solidaridad Democrática en Cuba, también conocida como ley Helms-Burton,
que permite a ciudadanos cubano-estadounidenses demandar contra
entidades que hubieran «comerciado» con bienes confiscados por los
castristas.
Las demandas se refieren a hoteles operados por las cadenas españolas Iberostar y Barceló, además de la cadena francesa Accor y la estadounidense Blue Diamond.
Las demandas se interponen contra plataformas de ventas de plazas
hoteleras como Trivago y Booking, así como a empresas estatales
turísticas cubanas y dos ciudadanos cubanos, Raúl y Mariela Roe.
Las
compañías hoteleras, de momento, están notificadas sobre la existencia
de la demanda y tienen un periodo de treinta días para acordar la
compensación, según la ley Helms-Burton. «Si en ese plazo no llegan a un
acuerdo con los demandantes, entonces se incluirán en la demanda»,
explica a este periódico Ana Malave, una de las abogadas del despacho Rivero Mestre, de Florida, que trabaja para los demandantes.
Una de las demandas se refiere a los hoteles que Iberostar opera en Cayo Coco, una isla que era propiedad de la familia Angulo Cuevas
y por la que sus herederos buscan ahora compensación económica. En el
caso de Barceló, el hotel afectado es el Barceló Solymar, en Varadero, construido en parte sobre la propiedad que la dictadura cubana confiscó a Diego Cosme Trinidad Valdés, y por la que ahora reclama su heredero, Diego Trinidad.
No
es la primera demanda que sufren intereses españoles en Cuba tras la
entrada en vigor completa de Helms-Burton, una de las medidas de presión
que la Administración Trump ha impuesto a Cuba. A mediados de este mes,
la familia Sánchez Gil presentó una demanda en España por diez millones de euros contra Meliá por dos hoteles operados en lo que fue su propiedad hasta 1960.
En
el caso de Barceló e Iberostar, la demanda todavía no detalla una
exigencia de compensación, que se concretará cuando se incluya a las
compañías en ella. Malave explica que Helms-Burton «permite exigir que
se compense por el precio que tiene la propiedad hoy en día» pero en el
caso de que no se acuerde una compensación en el plazo de treinta días,
se puede pedir «tres veces ese monto».