Un documento militar asegura que cada semana una media de “cuatro millones de dólares de los contribuyentes americanos” pueden acabar en manos de una insurgencia que, a cambio, no ataca los camiones que portan agua, gasolina o alimentos para las tropas.
El pago se realizaría a empresas privadas de seguridad que se encargarían de negociar directamente con cada grupo insurgente el paso de los vehículos por sus zonas de acción, empresas que suelen ser propiedad a su vez de los mismos caciques. Entre estas compañías se encontraría una dirigida por dos primos del presidente Hamid Karzai, según el polémico informe.
La investigación se limita a los pagos realizados por Estados Unidos, pero este sistema de actuación se podría extrapolar al resto del país ya que la autoridad de Kabul apenas tiene peso en las otras 33 provincias afganas en las que la verdadera autoridad es la de estos señores de la guerra.
El año pasado las fuerzas italianas fueron objeto de crítica por el supuesto pago a los talibanes a cambio de no recibir ataques. Además del narcotráfico, la insurgencia parece haber encontrado en las fuerzas internacionales una fuente alternativa de financiación.
