A solo dos semanas de la finalización del ejercicio fiscal, el Poder Ejecutivo amplió significativamente los gastos autoriza dos en el presupuesto nacional. Lo hizo mediante el decreto 2436 de necesidad y urgencia, soslayando así el tratamiento parlamentario que constitucionalmente hubiera correspondido. En rigor, más que de una autorización se trata de una convalidación de gastos que ya habían sido realizados o decididos.

El aumento del gasto se incrementa en 51.440 millones, un 10 por ciento más del autorizado por el presupuesto original, mientras que el ajuste en más de los recursos tributarios es de 5989 millones, sólo el 1,4 por ciento. De esto surge que el resultado que en la ley era superavitario en 1446 millones de pesos, ahora pasa a ser deficitario en alrededor de 40.000 millones. Se trata sin duda de un cambio cualitativo, además de cuantitativo.

Dos tercios del déficit ahora reconocido será financiado por el Banco Central, es decir, con emisión. El tercio restante lo será con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses, que no es otra cosa que otro manotazo a los ahorros de los futuros jubilados. Estas fuentes de financiamiento explicitadas en el decreto ponen de manifiesto la falta de acceso al crédito y la imposibilidad de colocar títulos públicos de un gobierno que ha hecho todo para caer en este extremo.

Sin embargo, el sinceramiento de las cifras de gasto no es completo. Hay suficientes evidencias de que tanto el gobierno nacional como los provinciales están incurriendo en retrasos en los pagos a proveedores y contratistas. Hay numerosas obras públicas detenidas o demoradas por este motivo.

Las transferencias a las provincias y el pago de deudas que la Nación tiene con ellas muestran atrasos importantes, al igual que los subsidios al sistema eléctrico y las devoluciones de impuestos. El manejo presupuestario y el sinceramiento de las cifras que aquí comentamos parecen responder más a un criterio de caja que a lo devengado. No sería extraño así que haya un arrastre hacia 2013 que deje prontamente fuera de realidad el presupuesto sancionado en el Congreso Nacional.

Los mayores aumentos presupuestarios se observan en el rubro de remuneraciones, reflejando los ajustes que han debido reconocer una inflación superior a las presunciones oficiales. También incide el ordenamiento salarial en la Gendarmería, en la Prefectura y en las Fuerzas Armadas para resolver la caótica situación que motivó las recientes protestas de los uniformados.

Además, hay ampliación de partidas en los subsidios al transporte y la energía. Aerolíneas Argentina recibe una ampliación de 600 millones y el programa Fútbol para Todos, de 150 millones.

No sorprende esta tardía convalidación de excesos fiscales que siguen marcado una senda de aumento persistente del gasto público.

Desde un promedio histórico anterior a 2002 de un 30% del producto bruto interno, hoy se encuentra por encima del 43%. El déficit fiscal ha emergido y crece en forma amenazante para un gobierno que ha perdido el acceso al crédito y debe recurrir a los fondos jubilatorios o a la emisión. Cualquier llamado de atención es insuficiente si no se transforma en hechos que hagan revertir esta peligrosa tendencia.