| 01/10/2014 | Argentina - El Estado es ''esencialmente'' ineficiente.
Alberto Medina Mendez
Afirmar que el Estado es "esencialmente" ineficiente puede resultar una afirmación algo audaz para muchos, pero solo se trata de una mera descripción bastante concordante con lo que muestra el presente.
Es importante no caer
en la trampa que proponen los que se sienten a gusto equiparando la realidad
con sus propias utopías. No es razonable discutir intentando poner en un plano
de igualdad, una evidencia de la vida cotidiana con esa entelequia con la que
sueñan los mismos que dicen que el problema son los protagonistas de la
historia y no la estructura conceptual sobre la que se edifica cierta visión
ilusoria.
Los defensores de la idea del Estado eficiente dicen que existen sobrados
ejemplos en la actualidad de naciones que han llevado adelante proyectos
exitosos que permiten dejar atrás las recurrentes críticas a las eternas
deficiencias que se describen con lujo de detalles.
Lo cierto es que esos países que parecen victoriosos en esta batalla por
conseguir esa fantasía, son buenos ejemplos gracias a un proceso de comparación
superficial con otros efectivamente peores como los que se conocen tan
frecuentemente en estas latitudes. Se trata, en todo caso, de una mirada
relativa, que elogia exageradamente desempeños considerados aceptables respecto
de otros claramente desafortunados.
Es solo una cuestión de matices, pero no de fondo. El Estado y la eficiencia
son conceptos absolutamente contrapuestos, definitivamente incompatibles, que
no tienen consonancia alguna. Tal vez para profundizar la discusión sea
necesario recordar que la eficiencia está directamente asociada a
"conseguir un propósito empleando los medios idóneos" y se debería
partir desde allí si se quiere analizar el asunto con seriedad y sin
apasionamientos excesivos.
El Estado dispone habitualmente de administradores circunstanciales, simples
operadores del sistema, que en general son los que han superado ciertos
procedimientos de selección, que en el mejor de los casos son representantes
elegidos por el mandato popular en las democracias más desarrolladas, y en
otros ni siquiera bajo esa modalidad, sino bajo las reglas de esquemas mas
autoritarios y arbitrarios.
En todos los casos, los que toman decisiones son personas que administran un
patrimonio ajeno, bienes que son de todos los ciudadanos de una jurisdicción,
dineros de cada habitante local. A la hora de orientar esos recursos, aun
mediando la buena fe, la mejor de las intenciones y un espíritu saludable, se
cae inevitablemente en cierta injusticia.
No es que en el sector privado eso no pueda suceder. También allí se toman
determinaciones inadecuadas y se cometen errores, muchas veces groseros. La
diferencia pasa por quien paga los costos de esos desaciertos.
Cuando algo sale mal y están involucrados solo privados, pues se trata de
decisiones que se han tomado asumiendo la existencia de riesgos y los costos de
esas cuestiones las pagan solo los individuos involucrados.
Ahora cuando esas decisiones equivocadas se incurren en el ámbito estatal, los
disparates los pagan todos los ciudadanos. Eso significa que cada individuo
deberá trabajar más para que nuevamente le sean quitados más recursos ganados
con su esfuerzo vía más impuestos, endeudamiento o emisión monetaria.
Los criterios de eficiencia tienen que ver con ideas relacionadas a la
austeridad, al lucro y a la humana necesidad de solo gastar con la visión
de maximizar utilidades. Al menos así se razona en el medio privado, y hasta en
el estrictamente individual y familiar. No es que se trate de un mecanismo
infalible, de hecho no siempre sale bien, pero cuando alguien falla el que paga
los costos también es ese operador particular y no todos.
En el sector estatal, la austeridad es un concepto casi siempre ausente. A la
hora de elegir, de erogar y comprar, no necesariamente se tomarán decisiones
como en el sector privado. Se incurrirán probablemente en excesos, lujos
superfluos y privilegios que ni se justifican. A cambio de eso se obtendrá un
resultado de menor jerarquía, que insume más recursos de los necesarios, al
menos si se toma como referencia el criterio con el que se hubiera manejado una
inversión llevada adelante con dinero propio.
Al final del camino, la discusión conducente solo debería pasar por minimizar
los niveles de ineficiencia. Pero se debe asumir previamente esa ineficiencia
intrínseca del Estado, propia de su esencia, que forma parte de sus entrañas
más profundas y que no debe ser negada para poder operar adecuadamente. La
tarea pasa por atenuar el impacto de esos despilfarros, acotar lo improcedente
e incorporar cierta dosis de racionalidad.
No es que no exista forma alguna de lograr parcialmente resultados alentadores.
Pero algunos ingredientes son imprescindibles para conseguirlo. La
transparencia en el uso de los recursos, la publicación de los actos de
gobierno, la información abundante y al alcance de los ciudadanos, permite
disminuir el costado negativo de esta innegable realidad.
Los procesos abiertos de información, evitan parte de la corrupción estructural
y reducen la chance de que el funcionario de turno seleccione caminos con
absoluta discrecionalidad. Se debe trabajar mucho en esta cuestión, pero
resulta indispensable entender el problema con claridad y asumir
definitivamente que el Estado es esencialmente ineficiente.
Alberto Medina Méndez (Argentina)
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