Una economía depende de la infraestructura para facilitar el flujo de productos, personas, información y energía. De acuerdo con esto, los puertos, carreteras, puentes, rieles, aeropuertos, redes de comunicación, líneas conductoras de electricidad, sistemas de administración de agua y muchos otros sistemas de infraestructura son elementos importantes de una economía.

La infraestructura deficiente —ya sea insuficiente en cantidad o calidad— no solamente aumenta los costos pero puede literalmente llevar a una economía a sus rodillas. India y muchas otras naciones asiáticas han sido severamente afectadas por su mala infraestructura.

Hasta EE.UU. no se salva de problemas de infraestructura. Por ejemplo, el número de millas viajadas en automóvil en EE.UU. se ha duplicado desde 1980, pero la capacidad total de los carreteros solo ha aumentado en un 6%. El resultado ha sido un aumento dramático en los costos de congestión (tiempo perdido, combustible extra, etc.).

En EE.UU. y en otros lugares, las inversiones en infraestructura y su mantenimiento se calcula que serán enormes. De hecho, para las regiones de Asia Oriental y del Sur, los gastos proyectados para infraestructura y mantenimiento de esta para el periodo de 2005-2010 constituyen 6,6% y 6,9% del PIB, respectivamente (ver cuadro).

Una pregunta crítica: ¿Debería la infraestructura ser provista por el sector privado o el público?

Adam Smith contestó esta pregunta en La riqueza de las naciones (1776). El concluyó lo siguiente: “No hay dos personajes que parezcan más distintos que el comerciante y el soberano” ya que las personas son más gastadoras con la riqueza de otros que con su propia riqueza.

El pensó que la propiedad y administración pública eran negligentes y desperdiciaban recursos porque los empleados públicos no tienen un interés directo en el resultado comercial de sus acciones.

Un análisis de comparación de costos de la provisión privada versus la pública de los productos y servicios respaldan la conclusión de que las empresas privadas son más efectivas en cuanto al costo que las empresas estatales. Una evidencia considerable sugiere que el costo público incurrido en proveer una cantidad y calidad determinada de algo es alrededor del doble de lo que cuesta la provisión privada. Este resultado ocurre con tal frecuencia que ha sido elevado al nivel de regla asumida: “la regla burocrática de dos”.

Con la provisión privada de infraestructura, en cambio, hay un problema potencial: introducir y mantener la competencia. Este potencial problema puede surgir debido a la denominada característica de monopolio natural de muchos proyectos de infraestructura.

En pocas palabras, aún si no hay barreras artificiales a la entrada, un monopolio probablemente emergerá porque una sola empresa puede producir los bienes y servicios a un menor costo que una multiplicidad de empresas (varios puertos, puentes, etc. en la “misma” ubicación no son económicamente posibles).

Los que se oponen a la infraestructura provista por el sector privado rápidamente mencionan el cuco de un monopolio pero hay una manera de resolver el problema del monopolio natural e introducir competencia en la provisión de la infraestructura privada.

La forma es un sistema de subastas competitivas por las franquicias de infraestructura de propietarios privados. Aunque la competencia dentro de un mercado podría ser imposible, los beneficios de la competencia para ese mercado podrían ser obtenidos.

Siempre y cuando haya un proceso de licitación vigoroso por la franquicia de una infraestructura, lo mejor de ambos mundos —evitar las facilidades redundantes junto con los precios competitivos— puede ser obtenido. En teoría, tal sistema podría asegurar que el efecto favorable del incentivo normalmente asociado con la propiedad y la administración privada de una empresa (es decir, los propietarios privados controlarán los costos, aumentarán la eficiencia, etc. como una manera de maximizar sus utilidades) de hecho se darán.

¿Cómo funciona?

La clave del método de la licitación de franquicias para lidiar con los monopolios naturales es el siguiente: la licitación por la franquicia de monopolio no debería conducirse en términos de una cantidad a ser pagada por la franquicia, pero en términos de los precios que la franquicia cobraría y los servicios que la franquicia ofrecería al público una vez que se gane el derecho de ser el oferente exclusivo.

Si las franquicias solo fuesen dadas a aquel oferente dispuesto a pagar el precio más alto por el derecho exclusivo, la competencia conduciría el precio de la licitación hacia arriba hasta llegar a una cantidad equivalente al valor presente de la utilidades que se espera obtener con el monopolio en el mercado en un futuro.

Esto transferiría las utilidades del monopolio desde la franquicia hacia cualquiera que sea la autoridad que entregó la franquicia en primer lugar, pero los consumidores todavía pagarían los precios de monopolio.

En cambio, una licitación se daría en la que la franquicia se le da a cualquiera que sea el oferente que prometa la mejor combinación de precio y calidad para los consumidores.

Aquí, la competencia conduciría hacia abajo el precio de la licitación hacia niveles competitivos para cada nivel posible de calidad de servicio.

La teoría no necesariamente es la realidad, sin embargo. De hecho, algunos académicos han expresado sus cuestionamientos acerca de la licitación de franquicias. Una serie de preocupaciones se deben al proceso de licitación en si.

Escoger un ganador (es decir, determinar la estructura de precios y la mezcla de productos óptimas) podría ser excesivamente complejo, y no hay garantía de que la licitación será verdaderamente competitiva. Por ejemplo, puede que las nuevas empresas no estén dispuestas a ofrecer un precio por una franquicia que ha expirado cuando el anterior tenedor de la franquicia también está concursando, dado que el anterior oferente es casi seguro que esté mejor informado que sus rivales acerca del costo real y de las condiciones de la demanda.

Otras preocupaciones tienen que ver con el probable comportamiento de aquel que gane la licitación durante el periodo de duración del contrato de la franquicia. Si el contrato es por un periodo razonablemente largo, debería haber alguna fórmula para permitir cambios en las tarifas cuando los costos, la demanda y las tecnologías cambien a través del tiempo —o la renegociación debe permitirse.

Si el método de una fórmula no es práctico y la renegociación es permitida, la necesidad de algún tipo de agencia similar a la comisión reguladora se vuelve evidente. Tal agencia también necesitaría vigilar por el cumplimiento del contrato, dado que el acuerdo no será auto-ejecutado.

Además pueden surgir problemas cuando esté por acercarse el fin del contrato, ya que el tenedor de la franquicia podría esquivar operaciones de mantenimiento e invertir menos de lo óptimo en los nuevos activos, dejando al “siguiente tipo” con cualquier problema que pueda resultar de esto.

Los agentes

Estos son problemas importantes pero no intratables. Tres aspectos (la dificultad de elegir a un oferente ganador, la dificultad de especificar o renegociar los contratos, y la necesidad de vigilar por el cumplimiento del contrato) requieren de la existencia de algún tipo de “agencia de compradores” que represente a los consumidores.

Estos agentes de compradores deben ser bien remunerados por monitorear los términos del contrato de la franquicia. Francia provee evidencia de que funcionarios públicos bien pagados pueden desempeñar esta tarea de manera efectiva.

Sin embargo, los críticos del proceso de licitación de franquicias han aseverado que tal agencia simplemente sería reducida a desempeñar las mismas tareas asignadas a los reguladores tradicionales estatales —con las mismas dificultades y el mismo potencial de ineficiencia, abuso y corrupción— dejando a los consumidores en la misma condición en la que están ahora.

Este no es necesariamente el caso. Los grados de complejidad tecnológica y la rapidez del cambio tecnológico en la industria relevante son las variables determinantes. Seleccionar a un oferente ganador puede que sea difícil en donde la tecnología ha creado un potencial diverso de opciones de servicio. Pero en donde es posible especificar un número limitado de estándares de servicio, otorgar la franquicia puede que no sea problemático para nada.

Y en donde el ritmo del cambio tecnológico no es demasiado rápido, podría ser relativamente fácil llegar a un acuerdo acerca de algún tipo de fórmula para los aumentos de precios, y la posibilidad de una renegociación del contrato a mediados del periodo de duración de este puede que nunca surja.

Además, hacer cumplir un contrato también sería facilitado por las industrias en las que un número de estándares de servicios especificados es relativamente limitado. Estos tres factores hacen que la provisión de agua sea un ejemplo perfecto de un candidato ideal para la licitación de franquicias.

La tecnología utilizada en la provisión de agua es ampliamente conocida y relativamente estática, y las especificaciones acerca de los estándares y la calidad del servicios son fácilmente proscritas. Todas las preocupaciones de los críticos respecto de la posibilidad de implementar en realidad un proceso de licitación de franquicias quedan disminuidas en este contexto.

Los beneficios de tal sistema privado serían considerables. Dándole al oferente ganador una franquicia de monopolio que aseguraría que la empresa sea capaz de explotar todas las economías de escala posibles en la provisión del servicio, mientras que requiere que los oferentes compitan en cuanto a precio y estándares de servicio.

Esto prevendría que la empresa utilice su poder de mercado para cobrar precios demasiados altos o para que reduzca artificialmente la oferta. Conceder esta franquicia de monopolio a dueños privados enfocará los incentivos de estos propietarios hacia un control eficiente de costos para poder maximizar sus utilidades.

Para implementar el sistema, el gobierno solo necesita crear tal agencia de compradores con el mandato de conducir una licitación y de diseñar contratos para la construcción, el mantenimiento, y la operación de las facilidades.

Una vez que la franquicia es otorgada, el cumplimiento del contrato en si debe ser privatizado (si es que el cumplimiento del contrato no es realizado por esta agencia).

Una empresa de contabilidad, por ejemplo, podría ser retenida para auditar al dueño de la franquicia y confirmar que los términos del contrato han sido respetados.

Para crear incentivos adicionales para que los dueños de las franquicias mantengan y mejoren la calidad, los contratos podrían requerir que el dueño publique un bono por la duración de la franquicia. Este bono podría ser entregado a los que han vigilado por el cumplimiento del contrato si se determina que la franquicia ha violado el contrato; esto serviría esencialmente la misma función que un “depósito de seguridad” que se requiere en algunos departamentos alquilados.

Una vez que esté establecido, el dueño de la franquicia tendrá todos los incentivos para agresivamente controlar costos, adoptar nuevas tecnologías, etc., ya que cada dólar ahorrado en costos es un dólar extra de utilidad ganada.

Si los administradores de la empresa no responden al control de costos, las utilidades de la empresa caerán, los precios de las acciones también, y la empresa se volverá un blanco listo para que sea tomada por propietarios buscando aprovecharse de las ganancias que resultarían de cambiar (o mejor motivar) a la administración ineficiente.

Muchas naciones se enfrentan a problemas tremendos de infraestructura. Para resolverlos, los métodos bien comprobados de la de la provisión privada deben ser reconocidos. Las franquicias privadas de infraestructura que son propiamente diseñadas y estrictamente vigiladas son la clave para la provisión de infraestructura.

Este artículo fue publicado originalmente en Globe Asia (Indonesia) en la edición de abril de 2008.

Steve H. Hanke es profesor de economía aplicada en la Universidad Johns Hopkins y Senior Fellow del Cato Institute.