Ella lo decía en referencia a la crisis económica que azota a Estados Unidos pero bien se podría aplicar para la corrupción en el Estado, que viene atravesando a sucesivos gobiernos y, el de los K, lejos está de ser la excepción.

En estos días, en los juzgados de Florida se ventila el caso de la maleta que en agosto de 2007 fue interceptada en el aeroparque porteño con 800 mil dólares llegados desde Venezuela a la campaña de la presidenta. De ella, vienen saliendo nuevos nombres de funcionarios y novedosas acusaciones. Eso mientras que el jefe del Ejército, general Roberto Bendini, otro hombre de la máxima confianza de los Kirchner, fue separado del cargo luego de quedar procesado en una causa por malversación de fondos y reemplazado por su subjefe, el general Luis Alberto Pozzi.

Bendini se había mantenido por cinco años y cuatro meses en el cargo al que llegó desde la XI Brigada Aerotransportada de Río Gallegos, capital de Santa Cruz, de donde llegaron los Kirchner. Ahora está acusado por la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, de haber desviado más de 500 mil pesos (330 mil dólares) del regimiento a una cuenta bancaria paralela en 2002. Pero debajo del destituido comandante en jefe, la ministra de Defensa, Nilda Garré, acaba de descabezar a varios jefes militares acusados de numerosas irregularidades en el sistema de compras del Ejército.

A las sospechas en la concesión de los casinos al empresario Cristóbal López (un allegado a los Kirchner) y los subsidios a empresarios con “el sello K”, se le suma el hecho de que en la maleta bolivariana parece que hay escándalos para escoger. Para hoy se esperaba la declaración de Guido Antonini Wilson.

Antonini y Moisés Maionica, otro de los arrepentidos, aseguran que el dinero estaba destinado a la campaña presidencial, algo que se sospechaba desde el comienzo del affaire.

Podrían ser demasiados frentes abiertos en el mismo sentido para un gobierno que padece una crisis económica cada vez más acuciante y un descrédito en crecimiento.

Pero no. En días pasados en el boletín oficial de Santa Cruz apareció registrada oficialmente la empresa Chapel S. A., la consultora en inversiones, prestamista y habilitada para múltiples funciones comerciales, presidida por Máximo Kirchner, hijo del matrimonio presidencial como titular y sus padres Néstor y Cristina Kirchner, como miembros del directorio, en una abierta incompatibilidad de funciones.