La información, que siempre estuvo guardada bajo siete llaves, la develó el matutino oficialista Página 12 y desató lo que aquí ya se llama "la fiebre de las carpetas" y ahora el gobierno no sólo debe soportar el pago de la misma moneda contra varios de sus ex ministros y funcionarios, sino un pedido del fiscal Carlos Stornelli para investigar si se violó un secreto de Estado.

Al enterarse de la divulgación de su pasado, no muy limpio por cierto, Álvarez, un dirigente del justicialismo ligado a Duhalde y ahora a la posible candidatura presidencial del ex ministro Roberto Lavagna, dijo que "se trata de una canallada".

Sus compañeros de bloque no se quedaron atrás. El diputado Eduardo Caamaño se apareció el jueves en el recinto de la Cámara de Diputados, con un cúmulo de carpetas. Cada una de ellas contenía el pasado político y laboral de dos ministras, la presidenta del estatal Banco Nación y de dos diputados kirchneristas. "Ustedes atacaron, ahora van a tener que aguantar", disparó desafiante Caamaño. La táctica se asemeja a la que solía emplear el general Juan Perón en los años 50. "Por cada uno de los nuestros que caiga, caerán cinco de ellos", decía por entonces el viejo líder.

Una de esas carpetas correspondía a Alicia Margarita Kirchner, hermana del presidente argentino y ministra de Desarrollo Social, quien en la época de la dictadura trabajó como directora del área social en la gobernación militar de la provincia de Santa Cruz.

Otra carpeta llevaba el nombre de Felisa Miceli, la ministra de Economía quien entre 1976 y 1979 fungió como secretaria de Hacienda en la gobernación de Buenos Aires, cuando el ministro era José Martínez de Hoz, a quien Kirchner pidió justicia, el pasado 24 de marzo (aniversario del golpe militar) por su participación ideológica en el genocidio.

La tercera involucrada en las carpetas es Gabriela Ciganotto, presidenta del Banco Nación, quien en los últimos seis meses de la dictadura en 1983 trabajó como secretaria de Hacienda de la municipalidad santacruceña de Caleta Olivia.

Por el lado de los diputados, aparecen en esas carpetas Rafael Bielsa, el ex canciller, quien ocupó un cargo en la justicia de la dictadura, y Dante Dovena, uno de los principales operadores del presidente en la provincia de Buenos Aires, quien trabajó en el Instituto de la Vivienda de Santa Cruz, durante el gobierno militar.

Ninguno parece haber incurrido en faltas morales o de ética política si se tiene en cuenta que por esos años, Néstor Kirchner no había abierto la boca en cuanto a la desaparición sistemática de personas, asesinatos y torturas con las que el gobierno militar atemorizaba al país. Él era, de hecho, un joven abogado que en Santa Cruz es recordado como defensor de un jefe policial Armando Gómez Roco, acusado de violación de menores. Tampoco, cuando comenzó a ocupar cargos públicos impulsó ninguna política a favor de los derechos humanos. De hecho dos de sus primeros ministros, Jorge Chávez y Hugo Murature, habían ocupado similares cargos durante la dictadura militar.

"Esa es la forma de gobernar que tiene Kirchner. Todo lo controla y no escatima en métodos para con los opositores. Por eso lo de convertirse ahora en defensor acérrimo de los derechos humanos es un mera cuestión de marketing político. Porque descubrió los derechos humanos cuando llegó a la presidencia", acusa el diputado radical por Santa Cruz, Juan Acuña Kunz.