Durante siete meses, entre agosto de 2008 y febrero del corriente, el presidente Hugo Chávez había dejado a un lado la idea de la nacionalización y de las expropiaciones de empresas. La pausa había producido alivio para multinacionales y otros sectores productivos.  

Muchos pensaron que Chávez, tras su derrota en el referendo de diciembre de 2007 y los resultados ambiguos que dejaron las municipales de noviembre de 2008, había abandonado sus planes, que había expresado en años anteriores. Sobre todo porque la caída de los precios internacionales del crudo y  la posibilidad de financiar este tipo de políticas se había vuelto menos viable. Sin embargo, en las últimas dos semanas Chávez ha retomado el discurso de las nacionalizaciones.

La nueva ofensiva está dirigida a la agroindustria, y para Chávez constituye toda una revolución agraria.  Las primeras empresas afectadas fueron las arroceras del país. Primero decidió intervenirlas militarmente para garantizar la producción de arroz blanco, que estaba escaseando. De acuerdo con el Presidente, los productores se estaban saltando una serie de medidas adoptadas desde el 2002 que buscan regular artificialmente el precio del grano para garantizar el acceso de los más pobres. Muchos, según Chávez, comenzaron a producir otras variedades de arroz distinto al blanco para eludir los controles. Los cultivadores alegan, no obstante, que venían trabajando a pérdida y que por eso cambiaron su estrategia de producción.

El miércoles de la semana pasada el presidente Chávez anunció la intervención de la procesadora de arroz estadounidense Cargill, por incumplir con las cuotas de elaboración de arroz básico y amenazó hasta con demandarlos penalmente. Y ese mismo día el ministro de Comercio, Eduardo Samán, declaró que pediría la expropiación de la planta arrocera de industrias Polar, la empresa más grande del sector alimentario en el país, conocida por su famosa cerveza y de propiedad del respetado empresario Lorenzo Mendoza, uno de los más poderosos del país.

El viernes el Presidente la emprendió contra Smurfit Kappa Cartón de Venezuela, filial de la empresa irlandesa Smurfit Kappa Group, a la que le expropió una finca de 1.500 hectáreas donde tenían sembrado eucalipto que utilizaba como materia prima para la producción de cartones y empaques. Hace dos años ya les había expropiado otras 2.000 hectáreas a los irlandeses que han visto reducidas sus operaciones en casi un 30 por ciento. El argumento de Chávez es que el eucalipto absorbe el agua y que esas tierras estarán mejor utilizadas en cultivos de yuca o maíz, que sí proporcionan alimentos básicos para la población.

Finalmente, el sábado pasado, en el programa Aló Presidente, Chávez anunció un nuevo paquete de expropiaciones a latifundios de tierras en los estados de Carabobo, Aragua, Yaracuy y Miranda. De acuerdo con el Presidente, la Ley de Tierras establece que estas son grandes extensiones de terreno bajo un solo propietario y están subutilizadas o maltratadas por quien detenta su propiedad. Al anunciar las medidas, Chávez dijo que "no cesarán las expropiaciones hasta que no se garantice la soberanía sobre los alimentos".

Y para cerrar con broche de oro, pese a que se trata de otro frente, el presidente venezolano puso en preaviso a la multinacional Coca-Cola, a la que exigió la devolución de un predio en Caracas que es usado por la empresa para estacionar los camiones distribuidores y que éste quiere usar para construcción de vivienda social.

Chávez, en síntesis, se había moderado a la espera de los resultados del referendo del pasado 15 de febrero, donde estaba en juego la posibilidad de hacerse reelegir -e ilimitadamente-, una vez concluya su actual período en el 2013.  Pero ahora, tras su cómodo triunfo en el que alcanzó más del 55 por ciento de los votos, está acelerando y profundizando la revolución socialista. Y lo está haciendo para contrarrestar los efectos de la crisis económica mundial. El precio internacional del petróleo ha caído casi un 200 por ciento desde su tope de 150 dólares por barril a mediados del año pasado. Esa caída ha disminuido los recursos del Estado para inversión en obras sociales. Y al mismo tiempo ha crecido la inflación, que en 2008 superó el 30 por ciento.

 Al intervenir la industria alimenticia, Chávez puede controlar precios y, de paso, favorece a los más necesitados, que componen su base electoral. Además, las expropiaciones -a corto plazo-, no le cuestan. Primero porque promete pagar en bonos del Estado cuyo vencimiento está en el futuro. Y segundo, porque las negociaciones en torno al pago por expropiación suele tardarse varios años.

Problema a la larga

A los cementeros de Cemex, en México o Argos en Colombia, que expropió en 2006, aún no les ha pagado un centavo. Es decir, se apropia de un sector y no tiene que desembolsar nada de inmediato.

El problema está en el largo y mediano plazo. "En medio de este contexto de menores recursos fiscales, de presiones inflacionarias en aumento ante la reducción en la oferta agregada, justo cuando más necesita Chávez alentar la inversión privada, es que se decide continuar con su política expropiatoria", dice Horacio Pozo, del Latinoinforme. La calificadora de riesgo del JP Morgan ya le había advertido que si continuaba con la política de las expropiaciones ahuyentaría la inversión extranjera. Chávez hizo oídos sordos porque contaba con un gran colchón petrolero donde recostarse. Pero si los precios del crudo siguen estancados y continúa retrayéndose la inversión como consecuencia de las expropiaciones, la crisis económica se profundizará. Y sus consecuencias políticas también.