En los barrios Pedregal y Castilla, norte de Medellín, estudiar ha sido una hazaña para decenas de estudiantes que para proteger sus vidas tuvieron que abandonar sus estudios y desplazarse hacia otros barrios. Algunos contaron con suerte y fueron reubicados en otros centros educativos. Otros, están agazapados en sus casas, sin hacer nada, porque temen que donde estén los encuentren.
En este sector, donde se ha vivido con fuerza la confrontación armada entre las bandas 101, La Oficina, La Arboleda, Castilla, Mondongueros, los de la "calle del pecado", entre otras, los jefes de las bandas han creado una especie de "fronteras invisibles" en cada una de las calles donde hacen presencia sus hombres. Estas son rutas establecidas por los ilegales para impedir que los niños lleguen al colegio o pasen de un lado a otro.
"Yo vivo en Pedregal y tengo que pasar al colegio en Castilla y para que no me reconozcan me voy sin uniforme y cuando estoy en la entrada del colegio me lo pongo. Esta es la única forma que tengo para ir caminando, porque o si no, tendría que dejar de estudiar porque en mi casa no tienen plata para pagar el bus. Otros compañeros llevan la camiseta dentro del bolso y se la ponen dentro de la escuela porque por las calles está prohibido usarlas ", relata un estudiante de sexto grado. En ese plantel desertaron en el último año más de 300 estudiantes, la mayoría por temor, o por amenazas directas de los grupos ilegales que están en el sector. Mientras que en otros planteles educativos de la zona estudiantes y docentes se las ingenian para hacerle frente a esta problemática.
"La situación se complicó desde finales del año pasado y los controles de estas bandas a los menores de edad son tan terribles que acá en Castilla tuvimos uno de los niños heridos por bala, solo porque pasó por la calle que no era -cuenta una de las profesoras-. En otros casos persiguen a los niños y los acusan de pertenecer a la banda enemiga porque según ellos en cada colegio hay una banda. Luego le ponen plazos de hasta 24 horas para abandonar el barrio y les dicen en algunos casos que si no se van los matan a ellos, a los papás, a los hermanitos".
La rectora de uno de los establecimientos educativos afectados explica que les ha tocado tomar medidas para evitar la deserción de los estudiantes por amenazas. "Aquí recibimos muchos de otras instituciones que vienen de otros barrios desplazados -relata-. Pero también tenemos algunos del mismo barrio que están amenazados y para evitar que siga esta deserción los ponemos hacer talleres desde la casa, sustentaciones por Internet".
La Secretaría de Educación de Medellín está al frente de la situación y aunque según las autoridades han disminuido las confrontaciones armadas en los barrios durante el último mes, los padres de familia, docentes y los mismos niños no tienen garantías para permanecer en la zona. "Esto nos está afectando el funcionamiento interno, la calidad educativa. A finales del año pasado llegaban tarde porque había balacera. Luego empezaban a faltar. A lo último les perdíamos el rastro y nos dábamos cuenta que se habían desplazado", dice un rector. "A estas alturas hay una señora que no ha podido matricular la niña porque no puede ir a reclamar los documentos porque los tienen vigilados en la casa -dice una docente-. Otra madre retiró al hijo de colegio y lo mandó a estudiar al Inem del Poblado porque prefería mandarlo hasta allá antes que arriesgarlo a venir a este colegio que le queda a media cuadra".
La situación se repite en los barrios de las comunas 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9, 13 y 16, donde según las cifras suministradas por la Personería de Medellín, se han desplazado durante el último año 1.355 estudiantes de colegio y en algunos casos universitarios.
Este desplazamiento intraurbano continúa en ascenso en especial en los barrios Popular 1 y 2, Santo Domingo, Independencias, La Sierra, Ocho de marzo, donde las bandas a pesar de haber hecho una tregua a principio de este año, continúan amedrantando a los habitantes, en especial a los menores de edad.
Los últimos años de bachillerato son los que tienen el pico más alto de deserción. Sin embargo las cifras en niños menores de 8 años han ido en aumento. "Hemos detectado que son los niños más pequeños los que están faltando al colegio ya que sus padres se los llevan para otros barrios, interrumpiendo así su proceso formativo, en algunos casos consideran peligroso mandarlos a estudiar solitos o la situación financiera de los hogares impide que los niños sigan estudiando", dice una docente de la Institución Educativa Fe y Alegría del barrio Santo Domingo.
De miedo
De acuerdo con las cifras de la Personería de Medellín, durante 2009 se desplazaron en la ciudad 4.375 personas, es decir 1.197 familias. Los responsables, fueron en su orden en un 46% grupos armados no identificados; 35%, delincuencia común; 8%, Ejército; 5%, guerrilla; 5% sin información. De estos 4.375, 1.355 son estudiantes; 1.049, se desconoce la actividad; 592, amas de casa; 403, oficios varios; 165, hacen tareas del hogar; 140, obreros; 124, vendedores ambulantes; 118, empleados; 103, vendedor; 70 empleadas domésticas y 55 comerciantes.
La Personería atiende esta problemática mediante una unidad permanente de derechos humanos que funciona las 24 horas, con cerca de 50 personas dedicadas de manera exclusiva a atender situaciones de emergencia en derechos humanos. Allí pudieron establecer que los barrios más expulsores de personas y a su vez con mayor desescolarización son los populares 1 y 2, con 338 desplazados intraurbanos, Santo Domingo Savio con 155 desplazados intraurbanos (Comuna 1), San Javier con 111 desplazados intraurbanos (Comuna 13) y Robledo con 110 desplazados intraurbanos (Comuna 7).
Otros sectores y barrios afectados con desplazamiento intraurbano son en la Comuna 13: El Salado, Belencito Corazón, Eduardo Santos, Nuevos Conquistadores, Antonio Nariño, El Socorro, Olaya Herrera y 20 de Julio; En la Comuna 8: La Sierra, las Estancias, Villa Liliam, Villa Turbay, Villa Tina, Esfuerzos de Paz 1 y 2 y Caicedo; En la Comuna 9: Pablo Escobar; En la Comuna 2: Playón de los Comuneros, Pablo VI, La Isla y Villa del Socorro; En la Comuna 3: Manrique, La Cruz, La Honda y los Asentamientos de la Honda y Bello Oriente; En la Comuna 5: Castilla; En la Comuna 6: Pedregal; En la Comuna 7: Altos de la Virgen. Solo en el primer semestre del 2009, la Personería recepcionó 206 declaraciones que corresponden a 771 personas que se vieron obligadas a desplazarse internamente en la ciudad en busca de protección.
Entre los declarantes se encuentran 217 mujeres, algunas de las cuales han sido víctimas de violencia sexual, 171 hombres, 198 niños y 185 niñas. "La Personería y la Alcaldía de Medellín han presentado cifras en el sentido de que ha aumentado el desplazamiento intraurbano y que en la medida en que la violencia trasciende a las ciudades esto genera nuevas formas de desplazamiento que no están previstas en los escenarios tradicionales de la política pública", explica Marco Romero, presidente de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, Codhes.
Según Romero, las políticas que han surgido desde el Estado para atender a la población que huye del conflicto socio político siguen siendo insuficientes, principalmente, debido a la carencia de recursos fiscales, que se hace más notoria aún en regiones con baja producción que, por tanto, necesitan de una cooperación más decidida del Gobierno Nacional. Recuerda que El Estado Colombiano aprobó, mediante la Ley 12 de 1991, la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y el Protocolo de Ginebra de 1949, que establecen una protección particular en favor de la infancia.Los artículos 77 y 78 del Protocolo prescriben protección para dos situaciones: ya sea que los niños participen directamente en el conflicto como actores, o que sean víctimas del conflicto". En este sentido, los niños que han sido afectados por el desplazamiento deberían recibir atención especial e integral que incluya, no sólo escolarización, sino atención psicológica para las secuelas que produce el desarraigo y que son más graves en los niños menores de 10 años.
Bajo acecho
La disputa territorial por el control económico, político y social de grupos armados postdesmovilización de las autodefensas, se evidencia en el hecho de que han logrado tener control territorial en los barrios, con lo cual han creado fronteras invisibles entre los barrios, que cuando son cruzadas por sus habitantes sufren represalias, amenazas y hasta la muerte. Ello lo hacen para mantener el control no solo del negocio del narcotráfico, si no de las vacunas tanto al comercio y como al transporte público.
Sin embargo, hay que tener presente que actualmente varios de los grupos armados ilegales con estructura paramilitar obtienen sus recursos o fuentes de financiación a través de actividades legales e ilegales así: algunas empresas de transporte público, panaderías de lujo, casinos, establecimientos públicos de diversión nocturna, casas de apuestas, redes para la venta de minutos de celular, talleres de mecánica, ventas de repuestos de segunda, lavaderos de carros en las terminales de buses, empresas de vigilancia, bombas de gasolina, prenderías o casas de empeño. "Todo ese entramado tan complejo de violencias, viene coadyuvando en la agravación sistemática de la violación de los derechos humanos y de manera altamente alarmante en el incremento del reclutamiento forzado de adolescentes y jóvenes, uno de los motivos más frecuentes que viene ocasionando desplazamientos individuales y masivos", asegura un líder comunitario de la comuna 13.
Por eso en 2009 hubo cuatro casos representativos de desplazamientos masivos intraurbanos así: el del Barrio Popular 2 en febrero de 2009 con más de 50 personas; el del Barrio Popular 1 en septiembre de 2009, con 115 personas; el del barrio Pablo Escobar, en junio de 2009, con 22 familias y en los barrios Altos de la Virgen y El Socorro donde huyeron 10 familias de las cuales sólo se acercaron a denunciar 13 personas ante la Personería de Medellín y la Defensoría del Pueblo.
En este último caso, la Alcaldía de Medellín realizó un plan especial de seguridad para evitar más desplazamientos. Sin embargo, en un principio sólo sirvió para mitigar el riesgo, pues con el pasar del tiempo la situación empeoró, y luego de que la familia completa tuvo que desplazarse, las casas de ese sector fueron apropiadas por un grupo armado ilegal postdesmovilización AUC autodenominados "La Agonía" que tiene su foco de operaciones en la Comuna 13, el cual, está vendiendo las casas desocupadas fruto del desplazamiento forzado intraurbano que ellos mismo generaron.
Igual situación ocurrió en el corregimiento de Altavista. Por amenazas, líderes comunitarios abandonaron el barrio Nuevo Amanecer. Dos de los líderes tuvieron que renunciar a sus actividades comunitarias, abandonar sus viviendas y marcharse de la ciudad debido a las fuertes amenazas contra sus vida. "Nos encontramos en medio de dos conflictos de poder: alias Sebastián y alias Valenciano. Ellos se están disputando el corregimiento. La banda que siempre nos ha amenazado a nosotros, llamada La banda de Los Negros, está aliada con uno de esos grupos -relata uno de los amenazados-. Primero estaban con alias Valenciano, y ahora parece que están con Sebastián".
**Artículo escrito por Codhes
*Se protegen las identidades de los menores de edad y por motivos de seguridad se omite en algunos de los casos los nombres de los barrios.
