En poco más de cuatro años el gobierno de Estados Unidos hizo lo impensable: instalar dos Oficinas Binacionales de Inteligencia en México y desplegar “en su traspatio” a personal de sus principales agencias especializados en la materia… Todo con el aval de Felipe Calderón. Desde el principio del gobierno calderonista, este semanario abordó el tema de la “cooperación binacional” (Proceso 1606). Pero hace una semana The New York Times volvió a recordar esa ominosa intromisión, y encendió los focos rojos al advertir que pronto la administración de Barack Obama enviará más espías estadunidenses a territorio mexicano.
La
facilidad con la que se instalaron en México dos centros estadunidenses de
espionaje hace evidente la dependencia del presidente Felipe Calderón respecto
del gobierno de Estados Unidos en su estrategia para combatir a los cárteles de
la droga.
Dentro de
la corresponsabilidad en el combate al trasiego de drogas y al crimen
organizado en México, Estados Unidos logró en lo que va del sexenio
calderonista lo que no consiguió ni durante la Guerra Fría: tener centros de
espionaje en territorio mexicano con autorización de Los Pinos.
Ambos
centros de espionaje están en sitios estratégicos: uno en Paseo de la Reforma
265, en la Ciudad de México (Proceso 1776), y otro dentro de una zona militar
en la región norte del país, según lo publicado por The New York Times en su
edición del domingo 7, y que, de acuerdo con expertos consultados, se encuentra
en Escobedo, Nuevo León. Desde esas instalaciones Washington realiza trabajos
de inteligencia con toda libertad en territorio mexicano.
Cuando
llegó a Los Pinos el 1 de diciembre de 2006 tras una controvertida elección,
Calderón instrumentó una estrategia militarizada contra el narcotráfico que en
los meses posteriores comenzó a recibir el apoyo económico y militar
estadunidense.
Entre
enero y julio de 2007, él y su par estadunidense George W. Bush se reunieron en
Washington siete veces para delinear un acuerdo de cooperación bilateral
antidrogas al que bautizaron Iniciativa Mérida (Proceso 1606).
Bajo la
batuta del Departamento de Estado y de la Secretaría de Relaciones Exteriores
de México, desde el principio el gobierno de Calderón pidió a Bush, entre otras
cosas, equipo militar, tecnología y asesoría especializada en tácticas de
combate antiterrorista (Proceso 1631). La Casa Blanca aceptó con la condición
de que se le permitiera incrementar la presencia de agentes federales
estadunidenses en territorio mexicano.
Meses
más tarde, entre el 29 de enero y el 1 de febrero de 2008, el secretario de
Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, solicitó formalmente al
gobierno de Estados Unidos que sus agentes del Servicio Secreto impartieran
cursos de adiestramiento a efectivos del Estado Mayor Presidencial. El
objetivo: fortalecer la seguridad de Calderón y de los integrantes del gabinete
de Seguridad Nacional (Proceso 1638).
Con un
paquete de poco más de mil 357 millones de dólares para financiar la aplicación
de la Iniciativa Mérida en México, Estados Unidos logró un éxito singular en
materia de espionaje.
Estrategia
fallida
Desde su
arranque, la lucha militarizada de Calderón contra los cárteles detonó las
pugnas entre las organizaciones criminales por el control de las plazas para el
trasiego de las drogas.
Con la
Iniciativa Mérida –acordada y aprobada por el Congreso federal estadunidense
con el pretexto de apoyar a Calderón para contener la narcoviolencia–, Bush y
su homólogo mexicano comenzaron a negociar el establecimiento de los centros de
espionaje estadunidenses.
Consultados
por Proceso, funcionarios de ambos países aseguran que desde 2007 Washington
quería tener más control sobre México para evitar que grupos terroristas
ingresaran de manera clandestina a su territorio, como lo hace la inmigración
indocumentada.
La Casa
Blanca aprovechó la lucha militarizada de Calderón y su preocupación por la
espiral de violencia para posicionar a sus agentes de la Agencia Central de
Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) y del Pentágono en México para que
coordinaran desde ahí sus acciones de espionaje.
Incluso
fue el presidente Bush quien argumentó que la presencia de personal de
inteligencia en México tenía la finalidad de intensificar y fortalecer el
intercambio de información sobre el trasiego de drogas, puesto que México tenía
carencias en ese rubro.
La idea
original fue crear una Oficina Binacional de Inteligencia (OBI) en la Ciudad de
México (Proceso 1693). En ella, los agentes del Pentágono, la DEA y la CIA
coordinarían con sus contrapartes en México las operaciones para desmantelar
los cárteles de la droga, arrestar a los capos del narcotráfico y frenar las
redes de corrupción dentro de las corporaciones gubernamentales.
Y aun
cuando la cancillería mexicana solicitó a Washington la ayuda en materia de
inteligencia, fueron las secretarías de Marina y de Defensa Nacional, así como
el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, los que definieron los
detalles para permitir la creación del centro de espionaje estadunidense.
Dentro
de las dos OBI –oficinas de fusión, las llama The New York Times–, es el
Pentágono el que tiene la presencia más significativa, pues ahí opera su
personal de la Agencia de Inteligencia Militar, de la Oficina Nacional de
Reconocimiento y de la Agencia Nacional de Seguridad.
Le
siguen el Departamento de Justicia, con sus tres agencias: el FBI, la DEA y el
Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos. Luego, el Departamento de
Seguridad Interior, con dos servicios: el de Inteligencia de Guardia Costera y
la Oficina de Cumplimiento Aduanal y Migratorio; y el Departamento del Tesoro,
con sus agentes de la Oficina de Inteligencia sobre Terrorismo y Asuntos
Financieros.
Ante la
impotencia del gobierno de Calderón para contener la narcoviolencia que se
intensificó con su lucha militarizada, las agencias de inteligencia de Estados
Unidos controlan todo lo que ocurre dentro del territorio nacional. Con su
tecnología de punta, por ejemplo, interceptan comunicaciones confidenciales y
codificadas de las distintas embajadas extranjeras ubicadas en el Distrito
Federal.
Después
de conseguir en menos de un sexenio lo que durante décadas no obtuvo, Estados
Unidos accedió a que el gobierno de Calderón tuviera un enlace de las Fuerzas
Armadas mexicanas en el Comando Norte, en el estado de Colorado, y en el Centro
de Inteligencia de El Paso, Texas.
Una
política más agresiva
Con
Barack Obama, quien sustituyó a Bush en la Casa Blanca en enero de 2009, la
política de intervención de inteligencia en México se consolidó. A finales de
2010, funcionarios de México y de Estados Unidos adelantaron a este semanario
que en el norte del país se instalarían dos OBI similares a la de Paseo de la
Reforma, ubicada en pleno corazón de la capital mexicana (Proceso 1776).
The New
York Times volvió a tocar el asunto en un reportaje del domingo 7. Agentes de
inteligencia estadunidense confirman a este semanario que además de la OBI
localizada en la zona militar en el norte del país, la administración de Obama
negocia la instalación de otra para la franja de la región limítrofe con
Estados Unidos.
De
manera oficial, el gobierno de Obama –que puso en marcha las labores de
recopilación de inteligencia de las OBI ideadas por Bush– asegura que en esos
centros sus agentes se dedican a fortalecer la lucha contra el narcotráfico en
México.
Es
factible que las negociaciones para la instalación de la tercera OBI –la
segunda en la frontera norte de México– estén bastante avanzadas, aun cuando el
gobierno calderonista las mantenga en secreto.
En su
Estrategia nacional antinarcóticos para la frontera sur, dada a conocer el 19
de julio pasado, la Casa Blanca menciona de manera explícita su decisión de
seguir utilizando el pretexto de la guerra militarizada de Calderón contra el
narcotráfico para aumentar la presencia de sus agentes.
“Una
expansión expedita en México de la presencia de enlaces de las agencias
federales para colocar al personal estadunidense en los lugares donde operan
los cárteles permitiría tener una colaboración más cercana con nuestros aliados
de las agencias federales mexicanas”, establece el punto A del capítulo 5 del
documento (Proceso 1812).
Dado a
conocer por la Oficina Nacional de Políticas para el Control de las Drogas
(ONDCP) de la Casa Blanca, el escrito puntualiza: “Las agencias estadunidenses
de aplicación de la ley, con el consentimiento del gobierno de México,
trabajarían para incrementar la presencia de sus enlaces en ciudades mexicanas
clave a lo largo de la frontera y en otras localidades, con el propósito de
apoyar las investigaciones y procesos judiciales contra las organizaciones
criminales trasnacionales”.
Para
justificar la otrora impensable presencia de agentes de espionaje de Estados
Unidos en México, el gobierno de Calderón intenta hacer corresponsable a
Washington de la narcoviolencia que azota a su país. Así lo señala The New York
Times en su reportaje del domingo 7, al aludir a la OBI de la zona militar
mexicana:
“Para
darle la vuelta” a los impedimentos constitucionales de México, según el
rotativo, Washington no ha enviado a militares en activo, aunque el Pentágono
sí tiene en las dos OBI a varios agentes civiles para apoyar el combate contra
el narcotráfico.
Hasta
ahora se desconoce si la administración de Obama informa realmente al gobierno
de Calderón sobre las operaciones de “intercambio de información de
inteligencia”, así como de los decomisos de droga y de la vigilancia en
territorio nacional, aun cuando ésta no esté relacionada con el combate al
narcotráfico y al crimen organizado.
Tampoco
existe una “carta de intención” firmada con Washington –como la que se
suscribió para la creación de las OBI– en la que se garantice que ninguna de
las agencias de espionaje de Estados Unidos intentará realizar espionaje
político durante las campañas electorales de 2012.