Incluso enumeran los cuatro métodos que, dicen, utilizan para adquirir más poder y eludir a la justicia: compra de funcionarios en todos los niveles, reclutamiento de empleados locales para usarlos como subcontratistas, adquisición de inmuebles y servicios para el trasiego y almacenamiento de drogas, así como transporte para su traslado y venta.

Además, las organizaciones mexicanas “emplean niveles de violencia extremos que incluyen secuestros, tortura, decapitaciones y ejecuciones masivas”, puntualiza el informe del caucus presidido por Dianne Feinstein, demócrata por California, y el republicano Chuck Grassley, de Iowa.

Los autores exponen que “Los Zetas y el cártel de Sinaloa son las principales organizaciones de narcotraficantes mexicanos asentadas en Centroamérica”, aunque aclaran que el del Golfo “también tiene presencia” en la subregión continental.

El reporte, cuya copia obtuvo Proceso, fue redactado luego de que el gobierno de Estados Unidos, preocupado por la ampliación del ámbito de influencia de los cárteles mexicanos, envió una misión de investigadores a los países centroamericanos en mayo pasado.

“La situación ha empeorado por el hecho de que (los cárteles) se están peleando entre ellos (en México) y ahora están haciendo lo mismo en Centroamérica”, donde intentan ganar el control del mercado regional por medio de actos de violencia más grotescos que los que utilizan en su país, enfatiza la investigación.

Según los miembros del caucus legislativo, una de las razones del desplazamiento de las organizaciones mexicanas hacia el sur es resultado de la lucha militarizada enderezada contra ellos por Felipe Calderón.

La vieja ruta

En los ochenta y los noventa del siglo pasado las rutas del trasiego de drogas procedentes de Sudamérica hacia Estados Unidos se hacían por Centroamérica, de acuerdo con la investigación.

En esa época Estados Unidos se lanzó contra los colombianos, quienes controlaban el trasiego de cocaína y usaban de paso la región caribeña, especialmente las Bahamas.

Los investigadores del caucus sostienen que los narcos colombianos preferían las rutas aéreas y marítimas caribeñas, que poco a poco desmanteló Estados Unidos con apoyo de las autoridades colombianas. Cancelada esa vía, los narcotraficantes recurrieron a los países centroamericanos al tiempo que tejieron alianzas con sus pares mexicanos.

A principios de los noventa, tras el desmantelamiento del cártel de Medellín –cuyo líder, Pablo Escobar Gaviria, fue asesinado el 2 de diciembre de 1993–, los integrantes de esa organización delegaron el negocio de la introducción y venta de cocaína en Estados Unidos a sus socios mexicanos.

Los colombianos mantuvieron el control del tráfico de drogas de Sudamérica a Centroamérica y más tarde a territorio mexicano. Con ello “redujeron las posibilidades de ser arrestados en Estados Unidos”, acota la investigación.

Hoy, según los integrantes del caucus del Senado, en Centroamérica los traficantes de drogas mexicanos están organizados en “células” para evitar que se conozca toda la estructura de sus organizaciones cuando alguno de sus miembros es detenido.

Ese método de mantener desconectados a sus empleados locales o “subcontratistas” en Centroamérica es el mismo que usan los narcotraficantes mexicanos en Estados Unidos, donde también tienen “peones” que les facilitan sus faenas y les ayudan a neutralizar a las bandas criminales, pandillas y grupos delictivos.

El efecto balón

La semana pasada, la senadora Feinstein y su colega Grassley enviaron al presidente Barack Obama y a sus compañeros del Capitolio una copia del reporte sobre el problema de las drogas en los países centroamericanos.

“Si un narcotraficante mexicano no obtiene lo que quiere por medio del cohecho, recurre a la violencia. Lo mismo hace para conseguir bienes inmuebles y tierras o si lo traicionan”, destacan los investigadores.

En un apartado explican que las autoridades de esa región les comentaron que los narcotraficantes mexicanos son dueños de grandes extensiones de tierras en ambos lados de la frontera México-Guatemala.

Según ellos, el incidente más representativo de la narcoviolencia mexicana en Centroamérica es la tortura y asesinato de 27 campesinos guatemaltecos en una finca ubicada en el Petén el pasado 15 de mayo, atribuido a Los Zetas.

Con información de la DEA, el reporte establece que en Guatemala el tráfico está dominado por tres grupos: los Lorenzana, los Mendoza y los Leones.

Según la DEA, los primeros controlan la región central de Guatemala y la frontera oriental; los segundos están asentados en el norte, en el Petén, mientras que los terceros se encuentran en Zacapa, en la frontera nororiental con Honduras y Belice.

La misma agencia estadunidense apunta que los Lorenzana son aliados del cártel de Sinaloa, en tanto que los Leones tienen nexos con Los Zetas y los Mendoza con el cártel del Golfo.

Los investigadores del caucus del Senado aseguran que en una sesión realizada el pasado 25 de mayo preguntaron a tres “testigos” cuál será el próximo objetivo de la infiltración de los narcotraficantes mexicanos.

Todos respondieron que Belice. La razón: en ese país el gobierno carece de recursos para enfrentar la amenaza y además les facilita las operaciones de trasiego por aire, mar y tierra, según el documento.

También exponen que un cambio posible puede ser las Bahamas y el Caribe, lo que implica, dicen, que se volvieran a usar las rutas de los ochenta. Recomiendan a su gobierno diseñar un programa regional para combatir al tráfico de drogas en las Américas y parar este “efecto balón” que provoca que cuando se aplica presión en una región, el fenómeno se mueva hacia otra.