Más aún, en caso de que los congresos y los gobiernos de Ecuador y Estados Unidos decidan ratificar el contenido de los acuerdos logrados en las distintas mesas.

Dadas las dificultades previsibles, especialmente en los temas agropecuarios sensibles para el Ecuador y en propiedad intelectual, la negociación corre el riesgo de no cerrarse en este mes. Pero no sólo se trata de superar los escollos para proteger a los sectores productivos nacionales; tampoco de que la información siga fluyendo para que los ecuatorianos tengan una idea lo más aproximada posible sobre la envergadura de la negociación y las implicaciones para el país en el futuro, sino de la existencia de un entorno difícil que necesariamente condiciona el resultado final.

A diferencia de Colombia y Perú, el Ecuador no sólo tiene como característica propia un sector agrícola orientado a la producción de consumo interno y con capacidad de bloqueo nacional. También tiene pendientes diferendos con empresas estadounidenses y es cuestionada por ese país por la escasa seguridad jurídica y por el irrespeto a los derechos infantiles (trabajo de niños en las bananeras). Por añadidura, mantiene un acuerdo para usar la Base de Manta para tareas de interdicción de las actividades del narcotráfico, en un entorno complicado como el del área andina. 

Hasta ahora, Estados Unidos se ha negado a enmarcar la negociación del Tratado de Libre Comercio (TLC) en otros andariveles que no sean los económicos y jurídicos. Mientras tanto, el Ecuador, a través de la Cancillería, se ha esforzado por poner sobre la mesa de negociaciones consideraciones de política interna e incluso de geopolítica regional para sensibilizar la posición estadounidense.

El margen de acción del Gobierno ecuatoriano es estrecho, aun bajo la consideración de que lo que se negocie en Washington sea lo técnicamente razonable. Por esa razón, la instancia política será la más complicada.