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30/04/2013 | Conflicto de poderes en Brasil - El Congreso de Brasil desafía al Supremo

Juan Arias

El Parlamento ha aprobado una polémica enmienda constitucional que somete las decisiones de los ministros de justicia a la aprobación del Legislativo.

 

Se ha abierto un duro contencioso entre el Congreso y el Supremo Tribunal Federal de Brasil, la Corte Suprema garante de la Constitución. La Comisión de Constitución y Justicia del Parlamento ha aprobado una polémica enmienda constitucional que somete las decisiones del Supremo a la aprobación del Congreso. Aunque la enmienda deberá ser  corroborada por la Cámara Baja y el Senado, ha sido suficiente para que los magistrados se hayan levantado en armas. El juez del Supremo, Gilmar Mendes, ha llegado a hablar de “una maniobra tenebrosa” y ha recordado la Constitución de 1937 que dio al entonces Presidente de la República, Getulio Vargas, el poder de anular sentencias del Supremo.

Lo que más preocupa al mundo político y de la magistratura es que dicha enmienda constitucional ha sido vista como una respuesta a

<http://internacional.elpais.com/internacional/2013/04/06/actualidad/1365217

448_674989.html> las decisiones del escándalo del mensalão que ha condenado a la cárcel a la cúpula del Partido de los Trabajadores (PT), el partido del gobierno desde hace diez años.  A ello hay que añadir que dos de los diputados que forman parte de la Comisión de Constitución y Justicia, José Genoino, que era presidente del PT cuando surgió el escándalo del mensalão y João Paulo Cunha, que era el presidente del Congreso, son dos de los condenados a cárcel por el Supremo a causa del caso.Ambos continúan en sus cargos al no haber sido aún ejecutadas las sentencias de condena y forman parte de la Comisión más importante del Congreso.

Ya durante el proceso del mensalão surgió una dura polémica entre el Supremo y el Congreso. Para los jueces de la alta Corte, cuando un diputado o senador es condenado sin apelación, pierde automáticamente el cargo. Los diputados alegan, sin embargo, que sólo el Congreso puede hacerles perder dicho mandato, ya que fueron elegidos con el voto popular. De ganar la batalla, podría darse el caso de que aún en la cárcel, los dos diputados pudieran seguir gozando del cargo parlamentario.

Además, el Parlamento ha aprobado de prisa un proyecto de ley que reduce drásticamente el tiempo gratuito de la televisión pública, así como el Fondo Partidario (subvención del gobierno a los partidos), a las nuevas formaciones políticas. Un tema que llevaba años en discusión ha sido aprobado en poco más de 24 horas, lo que no pudo dejar de verse como una tentativa de quitar fuerza al nuevo partido de la ecologista Marina Silva, La Red, que en las pasadas presidenciales se enfrentó a Dilma Rousseff y obtuvo 20 millones de votos que obligaron a  Rousseff a disputar una segunda vuelta.

Esta vez, Silva pretende disputar las presidenciales con su partido. Con el nuevo proyecto de ley se quedaría sin tiempo de televisión y sin ayuda del Gobierno. Por ello, el ministro Del Supremo, Gilmar Mendes, suspendió la votación del nuevo proyecto de ley hasta que los magistrados analicen si es o no constitucional. La reacción del Supremo para detener la aprobación definitiva de la nueva ley, ha agudizado la tensión entre los dos poderes independientes, el legislativo y el judicial.

Aunque en Brasil, los tres poderes gozan de total autonomía tras la nueva Constitución aprobada después de la dictadura militar, los conflictos salen a flote de vez en cuando. El Congreso, por ejemplo, acusa al Ejecutivo, según denunció el senador y expresidente de la República, José Sarney, de impedirle legislar al no darle tiempo suficiente para votar los proyectos de ley con carácter de urgencia que le arga continuamente el Ejecutivo. El Supremo, a su vez, se queja de que tanto el Legislativo como el gobierno intentan entrometerse en sus funciones que son las de vigilantes de la Constitución y cuyas sentencias deben ser inapelables.

El Gobierno acusa a los jueces de ser excesivamente independientes.

Coincide, por ejemplo, que el 80% de los magistrados que emitieron las condenas del mensalão habían sido designados por la presidenta Dilma y por el expresidente Lula. Hasta ahora, aunque con aristas, los tres poderes han tratado de ser buenos vecinos. El juicio del mensalão, en el que empieza a ser involucrado el mismo expresidente Lula, ha comenzado la guerra.

El País (Es) (España)

 


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