La decisión del papa Francisco de crear un tribunal especial para juzgar a los obispos que encubran casos de pederastia entre sus subordinados merece ser alabada: supone un paso decisivo en la lucha contra los abusos sexuales contra menores en la Iglesia católica.

El gran escándalo público en el que la institución que ahora preside Bergoglio se ha visto envuelta en la última década y media viene tanto de los hechos en sí como del manto de silencio interno que garantizaba la impunidad de los agresores y el desamparo total de las víctimas. En los testimonios de estas se repite sistemáticamente cómo sus denuncias fueron desoídas; y ellas, despreciadas, a veces con el silencio y a veces —aún peor— con absurdos consejos o amenazas.

Lo que el Papa ha ordenado crear es precisamente una vía —triple y con final en la Congregación para la doctrina de la fe, el antiguo Santo Oficio— que garantice que las víctimas puedan ser escuchadas y que la investigación afecte tanto a los autores de los abusos como a los obispos que los encubran. Porque son esos obispos encubridores quienes tienen, después de los abusadores, más responsabilidad en los hechos. En una organización tan jerarquizada y vertical como la Iglesia, los prelados cuentan con todo el poder para frenar estas situaciones intolerables.

Más allá de las medidas de fuero interno que pueda adoptar la Iglesia, conviene recordar que en los códigos penales de los países democráticos el encubrimiento constituye un delito punible. Los encubridores deben responder ante las leyes civiles, independientemente de las sanciones a las que sean sometidos por las organizaciones a las que pertenezcan. Y esto afecta también a los obispos.

Francisco dijo al comienzo de su pontificado que quería pastores que “huelan a oveja”. Con esta medida les deja bien claro además que no pueden ser ni siquiera amigos de los lobos.