No obstante, el ímpetu para lograr una reforma mayor se está aumentando —y no es demasiado pronto. El primero de marzo en un testimonio ante el Comité Judicial del Senado, el Secretario del Comercio, Carlos Gutiérrez dijo que nuestra economía dinámica continúa creando trabajos tanto para los trabajadores de poca preparación como para los trabajadores altamente preparados, sin embargo, el número de estadounidenses que quieren ocupar trabajos que requieren de poca preparación continúa disminuyendo.

Entre 1996 y 2004, el número de estadounidenses adultos sin una educación secundaria —el grupo demográfico que típicamente ocupa trabajos que requieren poca preparación— se redujo por 4,6 millones. El mayor defecto del actual sistema de inmigración es que carece de suficientes vías legales para los inmigrantes de poca educación, los cuales son cruciales para llenar la brecha entre la demanda y la oferta de trabajo en los peldaños más bajos de la escalera laboral. En vista de esas poderosas tendencias económicas y demográficas, los esfuerzos federales han fracasado en disminuir el flujo entrante de inmigrantes de poca preparación.

Debido a el costo y el riesgo de cruzar la frontera, el todavía gran número de inmigrantes ilegales que logran entrar ahora tiene más posibilidades de permanecer por un período extendido una vez que llegan aquí. Los esfuerzos por controlar esto han aumentado la población ilegal porque han reducido lo que históricamente había sido un flujo circular de migración desde y hacia México.

El Secretario de Seguridad Nacional, Michael Chertoff, después de reportar los mayores esfuerzos de la administración para controlar la frontera, dijo al panel que una política de inmigración que se concentre solo en control de entrada no puede funcionar. E invitó al congreso a crear un programa de trabajadores temporales para que los trabajadores extranjeros puedan ocupar legalmente trabajos que los estadounidenses no desean.

"Esta vía regulada para la entrada de los trabajadores temporales reduciría dramáticamente la presión en nuestras fronteras, ayudaría a nuestra economía y facilitaría la tarea de nuestros agentes encargados de ejercer la ley dentro del país", dijo Chertoff.

Para que una reforma de inmigración sea exitosa, debe contener un programa de trabajadores temporales que se pueda implementar. Tal programa debe crear un suficiente número de visas para solucionar las necesidades económicas de EE.UU. Un defecto crucial de la reforma de inmigración de McCain-Kennedy, aprobada por el senado en mayo de 2006, fue que restringió las visas nuevas anuales a 200.000, esto es, muy por debajo de la demanda real del mercado estadounidense.

El Departamento de Trabajo proyecta que la economía estadounidense continuará creando 400.000 o más trabajos netos al año para trabajadores con poca preparación en los sectores de servicios tales como la preparación de alimentos, limpieza, construcción, jardinería y ventas al público. Cualquier límite de visas por debajo de la demanda real de la economía solamente perpetuará la inmigración ilegal.

Las verdaderas reformas deben también evitar regulaciones laborales sofocantes que desalientan emplear a personas legales. Los líderes de los sindicatos están presionando a los demócratas para que requieran que los trabajadores temporales sean pagados "salarios promedio"—es decir, salarios determinados por los sindicatos, artificialmente altos, comparados con salarios determinados por el mercado. Esto sería una receta para el fracaso, puesto que muchos de los trabajos ocupados por los trabajadores inmigrantes requieren de poca preparación, son de salarios bajos y simplemente no existirían en la economía legal si los salarios que piden los sindicatos fueran la norma legal. El agregar fastidiosas reglas laborales solamente perpetuará el mercado subterráneo de trabajo que ha sido creado por el sistema actual.

Finalmente, cualquier reforma digna del nombre debe ofrecer un camino hacia la legalización de los millones de trabajadores indocumentados que ya están en nuestra economía y sociedad. Deportarlos a todos sería impráctico —y esto sin considerar el desastre económico y humanitario que causaría — pero continuar viviendo indefinidamente con millones de personas viviendo en un limbo legal también es inaceptable.

Los que se oponen a la inmigración etiquetarán cualquier plan de legalización como una “amnistía”, pero el membrete es impreciso con respecto a la mayoría de ideas siendo consideradas. A los que adquieren un estatus legal se les requeriría pagar impuestos atrasados, una multa, y también se les podría requerir volver brevemente a sus países de origen para solicitar desde allí una entrada legal.

Esperar no hará que el problema desaparezca.

Este artículo fue publicado en el OCRegister el 7 de marzo del 2007.

Traducido por Sara Benavides para Cato Institute.