Muchos de nuestros legisladores y gobernantes pasan por alto la ecuación elemental costo-beneficio y más en sectores como el educativo y de ayuda a los pobres, donde pueden distorsionarse los beneficios.

Toda ley que prohíba, establezca permisos o aumente impuestos, implica más costos, que pasan por alto la mayoría de los legisladores, al igual que los beneficios reales de sus iniciativas y la correlación entre costos y beneficios. La Auditoría Superior de la Federación en un reporte señaló que una parte importante del gasto educativo no se traduce en una mejor educación, lo que quiere decir que en ese sector se ignora el elemental binomio costo-beneficio.

En mi paso por el poder legislativo y ejecutivo me quedó claro que muchos legisladores y funcionarios desprecian la ecuación costo-beneficio al aprobar una ley, un reglamento o al dificultar la producción mediante la petición de permisos que solo se traducen en burocracia y corrupción.

Hace poco el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto ordenó suprimir cerca de 10.000 trámites que sin ningún beneficio social, encarecen y desalientan a millones de micro y pequeños empresarios a exportar. Ojalá diputados, senadores, asambleístas y reguladores del Ejecutivo, en lugar de seguir inventando leyes y reglamentos, analicen a la luz de la elemental ecuación costo-beneficio todas las leyes y reglamentos y deroguen aquellas que tienen un mayor costo que beneficio social.