Si bien las debilidades del "modelo" consumista en auge son también estructurales, los expertos piensan que aún es perfectamente factible enderezar la situación económica desde el costado fiscal, con un apropiado manejo de subsidios y tarifas. También se estima que con un plan más lógico que no tenga costos en el empleo podrían moderarse las altas tasas de inflación o que cierto atraso en el tipo de cambio podría ser corregido con cierta facilidad, para mejorar así la balanza comercial.

Es decir que todo lo que está ocurriendo en materia de falta de confianza que inhibe las inversiones no parece ser culpa de la economía, sino que sería consecuencia ineludible de decisiones de política económica y sobre todo de la política a secas, casi siempre sustentada en la ideología.

Con la nueva idea de hacer escuchar su voz en los directorios y asambleas de las empresas, el gobierno nacional no sólo acaba de recuperar desde ahora los derechos societarios que su participación en cuatro decenas de compañías le puede acordar, sino que ha contribuido también, una vez más, a sembrar zozobra en las decisiones empresarias.

Y lo hizo nada menos que por un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), a través del cuál el Gobierno gatilló el típico estilo de cambio abrupto de reglas de juego en materia de intervención estatal y apuntó una vez más a afectar directamente las decisiones del sector privado.

La situación se agrava en materia de seguridad jurídica, porque los fundamentos que ha esgrimido el Estado en el DNU que instauró la eliminación de un tope de 5% en el derecho a voto están destinados a reemplazar un artículo consagrado por la Ley de la Nación que le dio origen a las AFJP, artículo nunca derogado ni siquiera por la legislación del Congreso que devolvió a la administración del Estado los activos que sustentaban el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la parte privada del sistema.

Ahora, de un plumazo, con rango constitucional, pero de calibre notoriamente inferior a una Ley que haya sido debatida y votada por ambas Cámaras, el Ejecutivo no sólo se tomó el trabajo de "aclarar el sentido" que debe dársele a la nueva norma, sino que lo hizo de modo taxativo en lo que considera que es "el marco de una realidad sustituida".

Además, las sospechas apuntan a que este movimiento tiene dos propósitos enlazados: sumar al Estado a jóvenes profesionales de la agrupación kirchnerista "La Cámpora", a quienes se les pagarán altos sueldos, pero que además han sido formados en lógicas diferentes a los manejos empresarios y que serán capaces de trabar, donde a la política le convenga, decisiones de todo tipo en los directorios que no sigan sus criterios ideológicos. 

Con reglas de juego tan endebles y argumentos de cosa juzgada se hará más difícil aún que alguien mire alguna vez a la Argentina para invertir, salvo aquellos inversores de corte especulativo que, con espaldas anchas para comprar barato y posicionarse hacia el futuro, a la vez evitan instalar mayor capacidad productiva y no comprometen recursos que generen crecimiento genuino.

El Alerta Económico Institucional es una publicación del Programa de Análisis Político y Económico Regional de CADAL, cuyo objetivo es llamar la atención sobre las iniciativas políticas que impactan negativamente en el clima de negocios e inversiones de largo plazo en la Argentina, con las consecuencias sociales e institucionales  que ello genera.