Se ha puesto en evidencia que estos grupos actúan en zonas virtualmente liberadas, donde la microcomercialización de drogas es el más rentable negocio del barrio. Pero además han diversificado sus actividades ilícitas y ahora participan en secuestros, asaltos y asesinatos. Es decir, la pequeña industrialización de la criminalidad.

El fenómeno obliga a una honda y rápida revisión de las penalidades, de modo que no estemos viendo como pandillas a organizaciones criminales de alto vuelo.

La PNP tiene que hacer su trabajo: identificar y detener a los involucrados, y desarticular las mafias existentes. Con un buen atestado policial y una impecable investigación fiscal, los cabecillas no podrán librarse de las penas que conlleva el tráfico de droga e incluso el uso de armas militares. Pero para eso es determinante que los operadores de la justicia trabajen coordinadamente.

En cuanto a las municipalidades es inconcebible que permitan que su jurisdicción sea área liberada para el crimen. ¿Qué está pasando con quienes deben evitar este desborde delictivo que recluta cada vez a más jóvenes? Todos tienen un grado de responsabilidad y también una tarea pendiente, de rendición de cuentas.