Acompañado de sus vicepresidentes Carlos Torres Caro y Gonzalo García, el líder nacionalista Ollanta Humala hizo público su plan de gobierno en el coliseo Marielena Moyano de Villa el Salvador ante la presencia de cientos de simpatizantes.

La propuesta de Humala incluye la inmediata convocatoria a una Asamblea Constituyente para reformar, en el lapso de un año, la actual Carta Magna. De acuerdo a su propuesta, esta asamblea tendrá que legislar, entre otros temas, en torno a la eliminación de la reelección inmediata tanto presidencial, parlamentaria, regional como de alcaldes y regidores.

Asimismo, se incluye la renovación por tercios del Congreso a mitad del mandato y la eliminación de los gastos operativos de los congresistas. Además, durante la Asamblea Constituyente se impulsará la eliminación de la inmunidad parlamentaria absoluta.

Por otro lado, la propuesta nacionalista contempla la suspensión de la firma del TLC con Estados Unidos, la participación estatal en el sector energía entre las que destaca la renegociación en los términos del contrato del lote 88 de gas de Camisea.

En declaraciones a Canal N, voceros de UPP señalaron que se garantizará la estabilidad de la macroeconomía y las inversiones. En lo económico planteó manejar una meta de inflación máxima de 2,5% promedio anual.

En materia macroeconómica persiguen que el déficit fiscal no supere el 1% del PBI anual y en reforma tributaria la ampliación de la base tributaria y que el porcentaje de la recaudación fiscal llegue hasta el 18% del PBI en los próximos cinco años con preponderancia de los impuestos directos.

En lo referente a la lucha contra la pobreza, se asegura que la meta es disminuir en un millón de personas el número de pobres extremos en el país en los próximos cinco años, lo cual según los cálculos nacionalistas reduciría la tasa de la extrema pobreza en un 15%. También se plantea un fondo de superación de la pobreza que financie proyectos productivos para que los pobres creen riqueza en su trabajo.

Asimismo, indican que este se orienta al aumento del presupuesto para los programas sociales, hasta el 1% del PBI en los próximos tres años.