Y ahora a esto, hay que agregarle dos piezas de información que acaban de darse a conocer, la encuesta ingreso —gasto de los hogares correspondiente a 2008 elaborada por el INEGI y el informe de CONEVAL sobre el estado de la pobreza patrimonial y alimentaria en México también correspondiente al año pasado. En la primera se reporta una alta concentración del ingreso, en donde el ingreso del décimo decil de la población representa casi el 39% del ingreso nacional total mientras el ingreso del primer decil no llega siquiera al 2%, situación que prácticamente no se ha modificado desde la primera de estas encuestas realizada en la década de los cincuenta del siglo pasado. En la segunda se reporta que el 47% de los mexicanos, 50,5 millones de individuos, se encuentran en una situación de pobreza patrimonial y, quizás más dramático aun, que casi 20 millones de personas están en una situación de pobreza alimentaria.

Ambos informes son una dramática fotografía de la pobreza y la inequidad que persisten en nuestro país y que se deriva de una película que nos muestra el fracaso histórico de la política pública, particularmente la política económica para lograr que la economía mexicana crezca a tasas elevadas y sostenidas y que también nos muestra el resultado de que la economía mexicana se ha desenvuelto, a lo largo de los últimos cinco siglos, dentro de un marco institucional caracterizado por la ausencia de una efectiva libertad económica de los individuos, un marco institucional en donde el bienestar individual se ha subordinado a un quimérico bienestar nacional, uno en donde lo que menos ha existido es la igualdad de oportunidad de acceso a los mercados de bienes y servicios y, particularmente, a los mercados educativo, de salud y laboral, uno en donde se ha privilegiado a unos cuantos, uno en donde lo que se favorece es la búsqueda y apropiación de rentas y se penaliza la generación de riqueza.

Avanzar en el proceso de desarrollo económico que resulte en el abatimiento significativo y permanente de la pobreza y una mayor equidad en la distribución de la riqueza y del ingreso junto con un aumento sostenido en el bienestar general de la población requiere introducir cambios significativos en el marco institucional para hacer a éste uno consistente con la libertad individual, uno que alinee los incentivos con la generación de riqueza y con el crecimiento económico. Y esto nos lleva nuevamente a las reformas estructurales, esas que nuestra infame clase política considera que nunca son los tiempos políticos adecuados para hacerlas, argumento que se utiliza para esconder el que en realidad no están dispuestos a desmantelar todo el sistema de privilegios y de apropiación de rentas que benefician a unos cuantos.

Si queremos que México salga del subdesarrollo es indispensable generar las condiciones para incentivar el crecimiento económico y eso sin duda requiere aumentar la libertad económica a la que tenemos derecho todos los mexicanos pero que, por desgracia, los políticos no están dispuestos a otorgárnosla.

Artículo de AsuntosCapitales

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