En su afán de construir un “nuevo régimen”, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) señaló que uno de sus objetivos es la redacción de una Constitución. La actual, a 102 años de su promulgación, ha tenido centenares de modificaciones que no solo la han hecho un cuerpo legal sucio y lleno de contradicciones sino, peor aún, una en donde se consagran las libertades individuales en materia económica pero, simultáneamente, se le da poder al gobierno para violentarlas y, en el extremo, suprimirlas. Es tan esquizofrénica, que con la misma Constitución podemos tener la economía más liberal o la más estatizada del mundo.

Aunque muchos de los artículos que componen la Constitución tienen implicaciones económicas y no es objetivo de este artículo analizarlos todos (para ello ver mi libro La constitución y el desarrollo económico de México), la principal deficiencia es sin duda la redacción de los tres primeros párrafos del artículo 27, así como los artículos 25 y 4.

El artículo 27 en sus tres primeros párrafos establece primero, que la propiedad de las tierras y aguas corresponde originalmente a la Nación, la cual tiene el derecho de transmitir el dominio de estos a los particulares constituyendo la propiedad privada. Segundo, que las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de utilidad pública, mediante indemnización. Y tercero, que la nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer sobre la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público. Todo esto implica una notoriamente deficiente e ineficiente definición y garantía de los derechos privados de propiedad.

Primero, el que la propiedad de los recursos corresponda originariamente a la Nación deriva en una deficiente definición de los derechos privados de propiedad, los cuales tendrían que ser reconocidos como un derecho natural; los individuos deben tener el derecho a poseer bienes y recursos como una extensión del derecho a la vida.

Segundo, los recursos privados pueden ser expropiados por causa de utilidad pública, sin que se defina con precisión qué es lo que debe entenderse por este término, como sí se especificaba en el Estatuto Provisional de 1856. Por otra parte, por la expropiación debe mediar una indemnización, lo cual es una deficiencia adicional ya que lo correcto es que la indemnización se liquide previo a la toma de posesión del recurso expropiado por parte del gobierno, tal como lo especificaba la Constitución de 1857.

Tercero, el que la Constitución establezca que se le puede imponer a la propiedad privada “las modalidades que dicte el interés público”, no solo se violenta la libertad que cada quien debe tener para usar los recursos de su propiedad como más le plazca sin atentar en contra de los derechos de terceros, sino que el “interés público” no es más que las preferencias del gobernante en turno.

Por otra parte, está el artículo 25 que establece que el “Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica”. Esto no es más que un sistema de decisión centralizada en donde la probabilidad de que el gobierno se equivoque es uno, con el agravante de que si realmente se trata de implementar deriva, a la larga, en un sistema totalitario.

Finalmente el artículo 4 que establece toda una serie de derechos sociales que se los apropian los individuos y que son fuente de gasto público: alimentación, acceso a los sistemas de salud, medio ambiente sano, agua, vivienda, cultura y deporte. Una Constitución magna y manirrota.

AMLO no necesita una nueva Constitución para cumplir su sueño de una economía estatizada, aunque podría proponer una que contenga solo dos artículos:

1. Todos los mexicanos tienen derecho a ser felices.
2. El Estado hará lo conducente para cumplir con el artículo 1.