Con el fundado temor de que el juego de intereses enfatice el riesgo ''de no llegar a (las) elecciones'', el presidente transitorio Eduardo Rodríguez obtuvo respaldo de los principales candidatos presidenciales para promulgar en caso de urgencia un decreto supremo que garantice la consulta popular.

La sugerencia fue desestimada por los congresistas, que están entrampados hace un mes por un fallo del Tribunal Constitucional sobre la reasignación de bancas bajo criterios demográficos.

Santa Cruz, la región más rica y poderosa del país, reivindicó entonces el derecho de sumar cuatro puestos de diputados más, mientras La Paz, Potosí y Oruro hicieron causa común para evitar perderlas.

El influyente comité cívico de Santa Cruz, dominado por élites y sectores empresariales, decidió --en caso de no obtener las cuatro bancas-- el repliegue de su diputación en el Congreso, el desacato a los actos y resoluciones de los poderes Legislativo y Ejecutivo y el boicot a las elecciones de diciembre.

El Congreso, que debe aplicar el fallo por mandato constitucional, continuaba en tanto polarizado tras fracasadas negociaciones durante cuatro semanas y declaró receso el viernes hasta mañana ante la imposibilidad de aplicar el veredicto de la justicia.

Después de plantearse 27 diversas interpretaciones al fallo, los legisladores discutirán el martes hasta seis propuestas, entre ellas una presidencial rechazada de antemano por Santa Cruz, Potosí, Oruro y Cochabamba.

La aplicación del fallo se complicó más luego de naufragar la semana pasada, además de la propuesta presidencial, una reunión político regional planteada por Rodríguez en procura de salvar los comicios.

El Congreso bicameral (130 diputados y 27 senadores) acordó en julio recortar su mandato, que debía expirar en el 2007, y llamar a elecciones generales como salida a una crisis institucional provocada por la renuncia del presidente Carlos Mesa en junio pasado.

A pesar del acuerdo, algunos congresistas estarían difiriendo una solución a la crisis con el único fin de prorrogar el proceso, opinó el presidente del Senado, Sandro Giordano.

Según el ex diputado socialista, Jerjes Justiniano, hay una conspiración del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, expulsado por una rebelión en el 2003, porque intenta evitar un proceso ante la justicia, y de las petroleras, que temen el ascenso del indígena Evo Morales, favorito en las encuestas.

''Parece que se está dando un proceso en el que se están enfrentando bolivianos contra antibolivianos, los primeros empeñados en construir una patria para todos, los últimos empeñados en destruirla para alcanzar objetivos particulares'', reflexionó preocupado el almirante René Botello, comandante de la Fuerza Naval Boliviana.

A tono con esa visión, Rodríguez, que dejó la titularidad de la Corte Suprema de Justicia para ocupar la silla presidencial vacante dejada por Mesa, llamó a las regiones y los congresistas a la cordura.

''No dudo de que ha llegado el momento en que el enfrentamiento fratricida ya no tiene cabida. Este es el momento de la concertación, de la honradez en los planteamientos y de la buena fe compartida'', arengó Rodríguez.

La Iglesia católica consideró ''urgente que se llegue a acuerdos'', según el vicepresidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Edmundo Abastoflor.

A pesar de la incertidumbre, las campañas políticas continúan, mientras las encuestas perfilan al socialista Evo Morales y al derechista Jorge Quiroga como firmes candidatos para disputar la presidencia