Esa imprevisión ahora nos ha dejado con más de 24 mil muertos junto con el incremento permanente de todos los delitos del fuero común y federal —sobre todo el robo, la extorsión y el secuestro—, en una escalada en la que se han ido vulnerando ámbitos de la vida comunitaria que nunca antes se habían visto tan lastimados.
Esas consecuencias se multiplican a diario hasta llegar al asesinato de quien iba a ser el gobernador de Tamaulipas, el secuestro de un líder emblemático del PAN seguido de crímenes contra periodistas, políticos, dirigentes sociales y empresariales, para continuar con atentados terroristas con coches-bomba mientras la población común sufre los daños colaterales en estudiantes, familias inocentes y personas que tratan de ayudar a su comunidad y que son masacrados inmisericordemente, lo que nos da un panorama verdaderamente desolador y angustioso que el gobierno enfrenta mediante una publicidad cotidiana en la que muestra las detenciones de quienes señala como factores fundamentales del narcotráfico, sin que estas aprehensiones moderen o contengan la creciente brutalidad que afecta a todo el país.
Frente a esta situación, cada vez más grave, y para no asumir el costo político de una estrategia gubernamental fallida, el presidente Calderón se aferra e insiste en su proyecto como única opción válida, calificando las críticas y las disidencias como propuestas inadmisibles de rendición o inmovilidad, y por ello es indispensable analizar esa postura oficial frente a los reclamos de muchos sectores de la sociedad, ya que de ninguna manera se le puede proponer al Ejecutivo que abdique de su obligación primigenia de enfrentar el delito y al crimen organizado, pero lo que sí está a debate es la forma de hacerlo, y es ahí donde se encuentra la diferencia de criterios que parece irreconciliable para el poder público, pero que no debe ser así, ya que nadie en su sano juicio puede exigirle a la autoridad que incumpla con sus obligaciones para brindar seguridad y justicia enfrentando al delito, pero en cambio, lo que sí se le puede reclamar es que esa lucha esté bien planeada, se trabaje con eficiencia, sin brutalidad, corrupción ni excesos, y que los desmesurados aumentos en el gasto público en esa materia, efectivamente se apliquen con transparencia y honestidad y den los resultados comprometidos que no se ven por ninguna parte.
El diálogo propuesto no debe entenderse como una invitación a la pasividad, colusión o encubrimiento frente a los delincuentes, sino la forma de realizar con eficacia una tarea obligatoria del gobierno, sin un doble lenguaje y con el apoyo de una sociedad tan lastimada que merece y reclama que esta crisis no siga por el camino de más confrontaciones mediáticas, acusaciones y descalificaciones, que nada han ayudado para abrir una verdadera opción de comprensión frente al autoritarismo, al escándalo, a la manipulación mediática y a la escalada interminable de violencia y criminalidad.
No hay que olvidar también que los programas parciales y los parches legislativos que el gobierno ha propiciado no han dado resultado alguno, y en Ciudad Juárez, Reynosa, Nuevo Laredo, Michoacán y en prácticamente todo el país, hay pruebas contundentes de ello, mientras la erosión en la imagen de las fuerzas armadas es otra prueba, a la que se agregan los crecientes números de la muerte, del secuestro, del delito del fuero común y de la violencia, que rayan en el terrorismo.
Ante esta situación, el diálogo es indispensable, reconociendo las detenciones logradas mediante la información de inteligencia obtenida de los extraditados y los testigos protegidos, más todos los esfuerzos positivos del Ejército y la Armada que han contenido en algún modo la anarquía, lo cual debe ser valorado e incorporado a un nuevo proyecto, pero también se tienen que reconocer con honestidad y decencia los errores, la corrupción y los resultados adversos, porque sólo así el gobierno y la sociedad podrán salir adelante. De otra forma, esta crisis seguirá agravándose y las pérdidas serán para casi todos mientras los pícaros y delincuentes seguirán triunfando y medrando.
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*Doctor en Derecho