La inseguridad le cuesta a México 130 mil millones de dólares al año, que son equivalentes a 15% del Producto Interno Bruto anual, de acuerdo con un análisis del Banco Interamericano de Desarrollo (BID); lo que nos ha llevado a ocupar el deshonroso segundo lugar en América Latina, después de Colombia, donde ese déficit alcanza 25%; y estos daños se aprecian esencialmente en el insuficiente número de turistas que nos visitan, lo que vulnera a uno de los sectores que deberían ser fundamentales para sostener la economía del país, ya que nuestro clima, los inmensos litorales, junto con las bellezas naturales y los testimonios de nuestra cultura, nos identifican como una nación privilegiada que podría sostener su crecimiento general con esa actividad si no estuviera asediada por la criminalidad, el narcotráfico y la falta de confianza en los regímenes de propiedad y condominio, a lo que se debe agregar el terror que les infunden a los extranjeros nuestras autoridades en todas sus acepciones.
El otro aspecto del daño económico se da en los niveles de riesgo-país que han generado la falta de crecimiento y de inversiones permanentes frente a nuestros competidores, fundamentalmente de Asia y la India, lo cual cercena de raíz la posibilidad de multiplicar las fuentes de trabajo que son tan necesarias para cubrir el millón de puestos que anualmente demanda nuestro crecimiento demográfico, cifra a la que hay que aunar el rezago histórico y el exilio obligado de nuestros trabajadores migratorios; a lo que es menester agregarle la disminución del consumo en toda la población ante el temor de la pérdida de bienes, e inclusive de la vida frente al robo, al asalto y la extorsión a la que estamos sujetos millones de personas cotidianamente; en tanto la industria y el comercio incrementan visiblemente sus costos frente a la necesidad de mantener equipos y personal de seguridad para proteger bienes, transportes e individuos, a lo cual hay que sumar las altas primas de seguro y de atención médica que todo ello implica.
En el estudio del BID este impacto negativo en el trabajo y en el consumo se ubica por encima del promedio del resto de las naciones de América Latina; y ese mismo análisis establece que la probabilidad de ser condenado en México por haber cometido un delito es del 1%, y por lo tanto la impunidad final en el país es del 99%.
Este diagnóstico proveniente de una institución financiera latinoamericana tan importante, nos indica la gravísima espiral negativa en la que se halla nuestro país, en razón de un sistema jurídico y de una estructura administrativa en materia de seguridad y justicia, que fueron diseñados hace más de 75 años para servir a una dictadura y a sus detentadores, y que ahora sólo le son útiles a la delincuencia, a la ilegalidad y a una impunidad que es casi absoluta.
Si estos testimonios tan contundentes y sólidamente respaldados no mueven los tres poderes y a los dirigentes de la nación para entender la magnitud del cáncer que nos está corroyendo, y todavía se cree que con aspirinas y buenos deseos se puede combatir a ese monstruo ingobernable, nuestro presente y futuro quedarán drásticamente lesionados, y cuando queramos reconstruir lo destruido tendremos que pasar por las agonías y por la lucha que ha tenido que emprender el gobierno actual de Colombia para recuperar en lo posible la integridad personal y el patrimonio de ese pueblo tan sufrido como el nuestro.
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Doctor en Derecho
