Por muchos años las políticas proteccionistas habían provocado atrasos tecnológicos, productos de pésima calidad, precios inflados y sobre todo un asfixiante aislamiento del comercio internacional. Con su llegada, estas dos potencias sudamericanas lograron salir de una postración económica insostenible e insertarse exitosamente en el comercio globalizado.

Sin embargo, recientemente y con similares argumentos macroeconómicos, ambos países, principalmente Argentina, han iniciado gradualmente un proceso de proteccionismo industrial que rememora la era previa a Collor de Mello y a Menem.

La Argentina, con una moneda artificialmente subvaluada –el peso se ha desvalorado un tercio durante el periodo kirchnerista del 2003 al 2011–, y con una calculada inyección de circulante que ha estimulado una galopante inflación rondando el 30% anual, ha sido la primera y más agresiva con este proceso. La presión inflacionaria, cuya secuela es el encarecimiento de los productos de fabricación nacional favoreciendo a los importados, ha obligado al gobierno a establecer mecanismos de protección como las llamadas LNAI (Licencias No Automáticas de Importación) y la regla conocida como US$1 por US$1 (obligación de exportar igual a lo importado).

En el caso del Brasil, atravesando un crecimiento económico sin paralelo en su historia, con el real cada vez más fuerte y con una creciente clase media ávida de bienes y servicios que la industria doméstica no logra satisfacer, busca también en las importaciones un sustituto que pone en peligro la estabilidad de las empresas locales.

Tal como su vecino del sur, está tratando por todos los medios de parar una presión inflacionaria que ya ronda el 7%, inaceptable para un país que conoce como pocos los efectos devastadores de una inflación descontrolada. Por ello y por el efecto que la invasión de productos chinos –introducidos desde Paraguay y Uruguay aprovechándose de las ventajas que ofrece el MERCOSUR– está teniendo en su balanza comercial superior a los US$44.3 billones, el gobierno también ha optado por la utilización de las LNAI.

Estos mecanismos, que en Argentina inicialmente fueron implementados con el objetivo de detener o reducir el impacto negativo en su balanza comercial (US$16.8 billones) frente la industria automotriz brasileña y la de electrodomésticos de China, se han extendido en este país a más de 600 productos y han provocado una reacción beligerante en Brasil. Sin duda un tema que debe haber sido muy debatido en la reciente cumbre Rousseff-Fernández.

Y es que el problema no necesariamente radica en la implementación de las LNAI. El problema es que en muchos casos ello se presta al mal uso o abuso de las mismas y al consecuente efecto negativo en la cadena de producción. Abundan los casos de esperas de seis meses para obtenerlas, o de inexplicablemente exigirse cuando no existen productos nacionales que proteger, o de falta de orientación al público sobre cuándo y cómo proceder y como siempre, de corrupción.

Tanto Brasil como Argentina, con economías dependientes de la exportación de materias primas y de algunos productos terminados, medidas proteccionistas como las LNAI, aunque aceptadas dentro del marco de la OMC, deben ser evitadas o al menos implementadas adecuadamente y por tiempo limitado.

De no hacerlo, las consecuencias en el comercio intrarregional y peor aún, entre estos dos socios del MERCOSUR, podrán resultar más nocivas que los males que tratan de remediar y son injustificables en un mundo inexorablemente globalizado.