Sorpresiva, inexplicable e inaceptable es la reacción colombiana al veredicto de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre el diferendo con Nicaragua en el mar Caribe. Ahora decide que el veredicto no le satisface y que solo acepta algunas de sus partes rechazando tajantemente otras. Inclusive amenaza con retirarse del Pacto de Bogotá firmado en 1948 que le obliga a someterse a la jurisdicción del tribunal internacional. Viniendo de un país característicamente respetuoso del derecho internacional, con una sana tradición democrática y actualmente involucrada en conflictos con otros países suramericanos, semejante rechazo carece de toda sensatez.

La histórica disputa territorial marítima entre Nicaragua y Colombia en la que ambos países reclamaban soberanía sobre varias islas y cayos además de una amplia y rica área marítima en el mar Caribe, ha concluido como resultado de la decisión unánime que la CIJ tomó el reciente 19 de noviembre. Si bien la génesis de esta disputa se remonta al periodo colonial, esta toma más forma en la primera parte del siglo XX, cuando ambos países firman en 1928 el tratado conocido como Barcenas – Esguerra otorgándole soberanía a Colombia sobre San Andrés, Providencia, Santa Catalina y todas las demás islas, islotes y cayos que hacen parte del Archipiélago de San Andrés y a Nicaragua un territorio continental en ese entonces conocido como Costa Mosquitia.

Colombia, sin embargo, en 1969 hace su propia interpretación del Tratado y decide que el límite de la frontera marítima oriental de Nicaragua era el Meridiano 82, arbitrariamente encerrándola en un área muy inferior a lo que por derecho marítimo le correspondía al país centroamericano. No fue sino hasta 1980 cuando el entonces líder sandinista Daniel Ortega decide que dicho tratado carecía de validez y era nulo por el mismo haber sido firmado cuando en Nicaragua aun estaban presentes tropas estadounidenses.

En diciembre del 2001 el gobierno de Arnoldo Alemán inicia la demanda ante la CIJ y en un irreconocible episodio de la política nicaragüense, todas las administraciones (Ortega-Chamorro-Alemán-Bolaños-Ortega) sucesivamente desde 1980 hasta el presente mantienen una continuidad estratégica en el enfrentamiento con el país sudamericano. El resultado de esta conjunción (pese a las diferencias políticas internas) sin duda fue clave para lograr ese triunfo en la Corte, la cual basándose en su tradicional actitud de resolver problemas de esta naturaleza en la forma mas “salomónica” posible, decide mantener la soberanía colombiana sobre las islas y cayos (la que de hecho ha ejercido históricamente) y confirmar el derecho de Nicaragua sobre su plataforma continental, un área que prácticamente iguala su actual territorio continental.

Lamentablemente Colombia, cuyo precio para recuperar el prestigio internacional que le corresponde ha sido de enormes sacrificios dentro y fuera de su territorio, ahora arriesga echarlo por el suelo dramáticamente. El presidente Santos y el ex presidente Uribe, ambos gobernantes admirados en el mundo entero por sus logros en el campo político, en el desarrollo económico y en su lucha contra la narcoguerrilla, se exponen ahora a una crítica universal de la que más que ellos, la propia Colombia será la más perjudicada.
La desafiante presencia naval colombiana en el área que ahora le corresponde a Nicaragua es innecesaria y envía un mensaje de intolerancia y arrogancia que debe ser delatado en los correspondientes foros internacionales. Contrasta con el de Nicaragua que ejemplarmente siempre ha demostrado su disposición a someterse y aceptar pacíficamente las resoluciones de la Corte, posición que en más de una oportunidad le ha resultado en considerables cercenamiento a su territorio.

Si bien es comprensible la decepción de Colombia ante el veredicto, esta es una excelente oportunidad para principalmente sus dirigentes lograr que el reconocimiento, admiración y respeto mundial que tan merecidamente se han ganado salga aún más fortalecido.

Ex cónsul de Nicaragua en Miami.
josevelazqueze@gmail.com