Así vemos que, pese a sus ideologías y obligaciones partidarias, los presidentes más exitosos de la historia política contemporánea estadounidense han sido Ronald Reagan y Bill Clinton. Ambos, hábil y pragmáticamente, reconocieron que la alternativa al consenso era la parálisis gubernamental y con ella la imposibilidad de avanzar en temas de capital importancia y en la construcción de un valioso legado presidencial. Los logros de ambas administraciones han sido difíciles de igualar y sus legados cada día más venerados.

Actualmente absorbidos por una reñida y trascendental campaña presidencial, tanto los medios de prensa como el propio electorado, relegan a segundo plano una contienda legislativa cuya eventual composición partidaria será cardinal en el próximo periodo presidencial. Pese a esa relegación, todas las señales apuntan a que el Poder Legislativo continuará dividido, con el Senado controlado por los demócratas y la Cámara por los republicanos. Por lo tanto quien resulte vencedor en la campaña presidencial de noviembre no tendrá más alternativa que buscar a cualquier costo como desarticular la prolongada parálisis gubernamental del actual periodo y avanzar en temas tan espinosos como las reformas migratoria, tributaria y educacional, tópicos en que ambos partidos defienden posiciones abismalmente opuestas

Es evidente que durante la administración del presidente Obama, sea por intransigencia partidaria, convicción ideológica o incapacidad persuasiva de ambos lados, ese indispensable consenso no se ha materializado. ¿Será entonces que durante un segundo periodo, nuevamente ante un Congreso fraccionado, el presidente podrá encontrar puntos de coincidencia que le permitan alcanzar el obligatorio acercamiento con el Partido Republicano? ¿O será más bien que con un segundo y último mandato el presidente estará menos motivado a flexibilizar sus posiciones –tal como él mismo lo ha confesado– y no ceder en “fundamentalmente transformar al país” hacia un modelo ajeno al concebido por los padres fundadores?

Igualmente importante es preguntarse si de ser elegido el gobernador Romney, ¿será este capaz de repetir la cooperación bipartidaria que logró en Massachusetts –un estado azul (demócrata) por excelencia– implementando una agenda que inclusive en algunos casos como es el del sistema de salud le ganó múltiples acusaciones de no ser lo suficientemente conservador, al punto de casi descarrilar su nominación partidaria? ¿O será que un Congreso nuevamente dividido adoptara la misma actitud obstruccionista del pasado solo que en este caso aplicada contra un presidente republicano?

Responder pragmáticamente a todas estas preguntas antes de decidir por quién votar en las elecciones de noviembre implica una honesta preocupación por la confrontación actual entre Ejecutivo y Legislativo, y por el riesgo de acelerar en forma irreversible lo que ya muchos predicen es la decadencia del liderazgo mundial mantenido en buena parte de los dos últimos siglos.

A diferencia de una monarquía o de una dictadura, Estados Unidos no funciona bajo una “presidencia imperial” y sí bajo una en la que el Ejecutivo para realmente ser exitoso debe liderar impulsando medidas de trascendental importancia con el debido apoyo del Legislativo. Y aunque es una responsabilidad compartida, por la misma naturaleza de sus funciones y atribuciones le corresponde al Presidente encabezar esa búsqueda. Justificar la ausencia de ese ineludible consenso alegando obstruccionismo es demostrar carencia de liderazgo y tercamente negarse a buscarlo es condenar al país a un declive inmerecido y prematuro