De acuerdo a la Carta Magna todos los nicaragüenses sin distinción alguna son iguales y tienen los mismos derechos y deberes que los residentes en Nicaragua. Aunque en un país bajo un régimen jurídico probo esa exclusión constitucional, por su propia naturaleza, sería inobjetable, el precedente establecido con Ortega obliga a razonar si lo que es bueno para unos, no lo es también para otros.
¿Y por qué, si el Consejo Supremo Electoral (CSE) continúa campantemente incumpliendo la ley que le obliga a cedular y a realizar el voto en el exterior, nadie, ni el actual Ejecutivo, ni el Legislativo, ni la misma oposición mueven un dedo para corregir esa flagrante violación?
Y a propósito de oposición, resulta irritante presenciar que a escasos meses de las elecciones generales, ninguno de los partidos opositores compitiendo contra la ilegal e inconstitucional candidatura de Daniel Ortega, se haya manifestado o incluido claramente en su plan de gobierno alguna posición con respecto al rol que pudiese jugar la comunidad nicaragüense en el exterior, antes, durante y después de las elecciones.
Una vez más (con la excepción de la administración Bolaños), esta comunidad, que representa más o menos el 20% de la población nicaragüense, la mayoría residiendo en el sur de la Florida y en Costa Rica, es mantenida marginada del proceso político nicaragüense y solo reconocida y buscada cuando se trata de captar dólares para la campaña.
Si se interpreta la participación en esta campaña electoral como una aceptación tácita de la resolución de la CSJ –¡es que no se puede tomar de otra forma!–, es consecuente deducir y demandar que la exclusión constitucional y el incumplimiento del CSE –aunque en teoría fuera de las atribuciones del Ejecutivo– deberían al menos ser denunciadas por toda la oposición e incluirlos en su plataforma política como temas de corrección obligatoria. De no intentarlo y tal parece que ninguna de las fuerzas opositoras planea hacerlo, es obvio que tampoco estas fuerzas merecen el respeto ni los dólares de dicha comunidad.
Tomando en cuenta que esta discriminación fue resultado de las enmiendas constitucionales acordadas entre Ortega y Alemán en el 2000, no es de sorprender su total indiferencia. Ambos saben perfectamente que no solo carecen de apoyo sino que son mayoritariamente repudiados en la comunidad y que el involucrarla es contrario a sus intereses. Pero, ¿y los otros candidatos?
Aún más incomprensible es la complicidad disimulada de buena parte de la población. Argumentos populares tales como solo tiene derecho quienes “se quedaron”, o que los que “se fueron” podrían influir en elegir un presidente que pudiese resultar dañino al país y no tendrían que cargar con las consecuencias, o que “la calle está muy dura” como para permitir más competencia en las escasas oportunidades en el sector público, etc., son insolentes y ofensivos argumentos que demuestran un imperdonable mal agradecimiento.
¿O será que el casi billón de dólares anuales en remesas, o los millones de dólares en turismo cautivo, o las cuantiosas inversiones en bienes raíces, son tan despreciables para la economía y la política nicaragüenses?
