Muchos gobiernos, independiente de su grado de desarrollo o capacidad económica han adoptado esta transformación conocida en ingles como e-government, y han logrado avances considerables en el rendimiento de sus instituciones y en la calidad del servicio.

Si bien es cierto que temas de absoluta urgencia como reducción de la pobreza, educación, seguridad, energía, libre comercio, corrupción, etc. son merecidamente debatidos en esta campaña, es imprescindible que también se ventilen y propongan programas sobre la modernización de las estructuras y procesos gubernamentales. De no hacerlo, peligra que en el futuro la brecha digital entre nuestra burocracia estatal y la de sociedades mas avanzadas sea cada día mayor y nuestra competitividad cada vez menor.

El argumento de que nuestra sociedad aún no alcanza la ''masa crítica'' para este tipo de cambio (menos del 2.2% de la población usan Internet comparado con 35.7% en Chile, 22.7% de Costa Rica y 16.2% en México según Internet World Statistics) y que por lo tanto habría que esperar hasta que la penetración tecnológica fuese mayor, es insostenible. Es obligación de todo gobierno iniciar y desarrollar las condiciones propicias al acceso y aprovechamiento de las nuevas herramientas tecnológicas. No hacerlo seria caer en un círculo vicioso del cual el único perjudicado será la misma sociedad.

Y es que no se trata solamente de abrir páginas Web en cada Ministerio. Ello es un buen paso, pero sólo el inicio. En realidad el e-government es mucho más que eso. Es permitir que el gobierno pueda responder rápida y eficientemente a las necesidades de la ciudadanía. Es facilitar y poner a su disposición amplia información gubernamental y permitir que gran parte de los trámites puedan ser efectuados en forma electrónica, desde el confort de la casa o de la oficina. Es hacer al gobierno más responsable y transparente en la lucha contra la corrupción en la que toda la ciudadanía pueda involucrarse. Es también poner al alcance de todos los sectores de la sociedad las oportunidades de contratar con el gobierno beneficiando no solo a las empresas más pudientes, sino también a los pequeños y medianos empresarios.

En menor escala nuestra experiencia en la gestión consular ha demostrado la validez del concepto. Desarrollando un excelente Portal Consular y capacitando tecnológicamente al personal hemos logrado prestar servicios por Internet que previamente solo eran posibles realizarlos personalmente. El ahorro en costo y tiempo tanto para el usuario como para el propio Consulado ha superado cualquier expectativa. Desafortunadamente hemos llegado a un punto en el que limitaciones burocráticas y legales del aparato estatal nos impiden ofrecer más y mejores servicios bajo esa modalidad.

El primer paso en esta transformación tendrá que ser la existencia de un marco legal adaptado a la era digital incluyendo la validez de las transacciones digitales. Paralelamente tendría que construirse un Portal Nacional. Este Portal, además de proveer amplia información sobre las actividades gubernamentales, tendrá que ofrecer la capacidad de realizar trámites en línea. Diligencias electrónicas tales como pago de servicios de agua, luz, impuestos, obtención de certificados regístrales, participación en licitaciones, etc. reducirán el tiempo perdido haciendo filas y producirán más transparencia y mayores ingresos al mismo gobierno.

Dada la estabilidad macroeconómica que el actual gobierno heredara al próximo, este próximo quinquenio será el periodo ideal para realizar este tipo de transformación a la burocracia estatal. Confiemos en que el próximo presidente tenga la visión y liderazgo suficiente para llevar adelante esta revolución digital que sin duda el país no puede ni debe posponer. Esta será el aglutinante que permitirá avanzar en las otras áreas.

Cónsul general de Nicaragua en Miami