Los buenos trucos de ilusionismo, esos que nos dejan perplejos unos instantes antes de que empecemos a aplaudir y luego nos tienen media noche despiertos intentando averiguar cómo se han podido hacer, han provocado, desde siempre, más envidia que admiración y más vergüenza por nuestra candidez que reconocimiento del mérito del artista.
Con las fortunas que se hacen en pocos años ocurre lo mismo. Los espectadores aplaudimos el éxito de los «magos de las finanzas» aunque, luego, nos sentamos engañados y desprotegidos porque el Código Penal no está preparado para sancionar la imaginación de los prestidigitadores de los negocios, llámense sellos, multipropiedad o lo que siga saliendo.
Un informe de Pricewaterhouse Coopers, publicado en Zúrich en el verano de 2003, revelaba que una de cada tres empresas del mundo había sido víctima de algún tipo de delito económico cometido por sus dirigentes en el transcurso de los dos años anteriores, y que el daño medio sufrido por cada compañía superaba los 2,2 millones de dólares.
El fraude más frecuente era el robo de los activos de una sociedad, que afectaba a un 60 por ciento de las empresas. En la legislación española anterior a 1995 había un vacío legal ante posible actuaciones delictivas en materia económica. Pero, desde esa fecha, la responsabilidad por las acciones u omisiones mercantiles se exige a los administradores y personas interpuestas y no a los propios órganos de administración de la sociedad.
La ley exige, sin embargo, que la gestión de bienes ajenos haya sido desleal, que haya habido falsificación de cuentas o documentos, que haya existido ánimo de lucro propio o a favor de terceros, que exista perjuicio a los socios o que se haya negado o impedido la actuación de las entidades inspectoras. Mas la pena está entre sólo seis meses y tres años, salvo el lavado de capitales, que está castigado con privación de libertad de hasta cinco años y multa. El ilusionismo financiero sigue saliendo barato.
