Pero no nos dijo que la extorsión llegaría a ser el arma más temible en un hipotético mundo sin armas. Los diccionarios se limitan a decir que extorsión es «la amenaza de pública difamación o daño semejante que se hace contra alguien, a fin de obtener de él dinero u otro provecho».

Y el vigente Código Penal español establece que «el que, con ánimo de lucro, obligare a otro, con violencia o intimidación, a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o del de un tercero, será castigado con la pena de prisión de uno a cinco años». Así que está muy claro qué clase de delito es la petición de «colaboración» económica voluntaria o forzosa que han recibido algunos empresarios navarros con membrete de ETA, tres semanas después del anuncio oficial de alto el fuego.

Si las cartas fueron escritas antes del anuncio de alto el fuego, lo que resulta poco creíble pese al desastroso servicio de Correos, alguien debería apresurarse a decirlo y pedir disculpas. Pero si se han escrito después sólo puede deberse a dos causas: a que algunos miembros de la banda hayan decidido continuar la guerra por su cuenta, ya que no tienen otro modo de vida, o a que los jefes consideren que la extorsión no constituye «fuego» al que también haya que dar el alto y, por tanto mientras no se produzca la entrega de las armas tampoco cesará la extorsión.

Habría que reflexionar sobre el arma de la extorsión antes de lanzarse a decir tonterías sobre la responsabilidad de quienes han recibido las cartas, como ha hecho Ibarretxe; pedir explicaciones al Gobierno, como ha hecho Ana Pastor; recabar al PP que su colaboración leal «sin hacer preguntas que no tienen respuesta» como ha hecho José Blanco.