La relación no terminaba allí. El edificio que el PCM adquirió en la calle de Durango, para su Comité Central, se financió en parte con el dinero que recibió la guerrilla a cambio de liberar al gobernador Rubén Figueroa. Eso se sabría en 1985, a raíz del secuestro de Arnoldo Martínez Verdugo, último dirigente del partido, antes de que éste se transformara en PSUM. Con esa acción, los compañeros de Cabañas buscaban recuperar el dinero que dejaron bajo custodia de los comunistas.

En octubre de 1973, el PCM observaba con atención lo que sucedía con las diferentes organizaciones guerrilleras que actuaban en el país. En su XVI Congreso, celebrado ese mes, concluyó que las condiciones estaban dadas para “nuevos y más grandes enfrentamientos de la clase obrera, los campesinos, la intelectualidad y las capas medias con la expoliación económica y la opresión política de la clase dominante”.

Sin embargo, la derrota de la guerrilla –particularmente en Guerrero– obligó al partido a entrar en un proceso de rectificación política que lo haría distanciarse de las conclusiones del XVI congreso, deslindarse de la guerrilla y abjurar de cualquier intención de tomar violentamente el poder. A partir de entonces, los comunistas mexicanos abrazarían la lucha por los derechos políticos, entre ellos la democracia, que ya enarbolaba el Partido Acción Nacional desde su fundación en 1939.

En su Proyecto de resolución política del XVII Congreso, publicado en la revista Socialismo en 1975, se estableció que “la crisis política actual puede ser superada (…) en los marcos del sistema económico-social existente” y que la principal disyuntiva del país era “la vigencia o nulidad de la libertad política para todos los ciudadanos”. La decisión más visible de ese viraje fue postular como candidato presidencial independiente a Valentín Campa en las elecciones de 1976. Luego de esa campaña, el PCM abrazó con entusiasmo la Reforma Política del presidente José López Portillo y obtuvo su registro como partido para participar en las elecciones legislativas de 1979.

Aunque el cambio de estrategia fue propiciado por el fracaso de la lucha armada, los comunistas mexicanos –cuyo partido se transformó en PSUM y luego en PMS y PRD, producto de sendos procesos de unidad con fuerzas menores– jugaron un papel decisivo en la transición democrática. Sus aportaciones en la construcción de un sistema electoral confiable son innegables.

En un artículo aparecido ayer en El Universal, José Woldenberg, exconsejero presidente del IFE (hoy INE), lanza una serie de reclamos “a quienes fueron (mis) compañeros en el PSUM, PMS y primeros años del PRD”, a causa de su silencio –e incluso su apoyo– ante las políticas de este gobierno en temas como seguridad pública, ecología, feminismo, derechos humanos, educación, libertad de expresión y democracia.

“¿De verdad están de acuerdo?”, “¿no les espanta?”, “¿no les enoja?”, “¿no se sienten ofendidos?”, “¿no les ruboriza?”, fueron algunas preguntas que el exmilitante del Movimiento de Acción Popular plantea en su artículo (“SOS a mis excompañeros”). “Son preguntas fruto del desasosiego por el rumbo del país”, explica Woldenberg. “¿No se estremecen cuando el presidente desata una campaña permanente contra del INE y pretende alinear a las instituciones autónomas a su voluntad?”, les plantea.

Parece que muchos  de los comunistas mexicanos que empujaron decididamente la transición democrática entre 1976 y 1996 se han olvidado de esa tarea y han vuelto a los tiempos de su XVI Congreso, en 1973, cuando aún pensaban que se podía y se debía “romper la vía de desarrollo capitalista” por la fuerza.

Hacen pensar que la apuesta por la democracia que hicieron a partir de 1975 no fue un cambio de vía para luchar por la justicia social sino un mero repliegue táctico para hacerse del poder.

Y que con ello han renunciado a muchos valores que enarbolaban, como la tolerancia de lo diverso.