La manera en que el obispo de Chilpancingo explicó que no fue posible lograr un acuerdo entre dichas organizaciones delincuenciales revela que los gobiernos federal y estatal están al margen de la disputa por el poder real en la entidad.

Resulta que la Familia Michoacana, los Tlacos y otros grupos criminales se sienten dueños de franjas del territorio guerrerense –y lo son, en los hechos, porque las autoridades constituidas lo han permitido, por su incapacidad y acaso también por connivencia– y, como si el mapa del estado fuese un tablero de Monopoly o Conquest, discutieron, con la intermediación de los obispos, sobre si tal o cual municipio debía ser suyo o de los rivales.

En la mesa de la negociación estuvieron las ciudades de Iguala y Taxco, como si sus habitantes fueran simples peones de un moderno señor feudal.

A la postre no hubo acuerdo entre las partes, porque ninguna quiso ceder en sus pretensiones de control territorial, pero hoy la mayor preocupación de los guerrerenses no es en qué provincia criminal están involuntariamente parados –realmente da lo mismo cuál de los cárteles maneja la “plaza”–, sino que ya es obvio que no pueden contar con la ayuda de la autoridad que tiene el deber constitucional de defenderlos, pues ésta ha abdicado de su responsabilidad.

Ayer, en su conferencia mañanera, celebrada en la base naval de Acapulco, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmaba que nunca ha habido tal despliegue de fuerzas de seguridad federales en Guerrero. Habló de elementos del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional, pero ¿de qué sirve esa presencia si se siguen dando la extorsión y los asesinatos, sin que casi nunca haya presuntos culpables detenidos y procesados?

Ayer mismo, horas después de esa conferencia, ocurrió un ataque contra el alcalde de Taxco, un municipio cuya economía está sólidamente en manos de la criminalidad. El edil se salvó gracias a que sus escoltas repelieron la agresión.

Uno tiene que preguntarse dónde está el Estado. Claramente no en Guerrero, donde ha tenido que intervenir la Iglesia para intentar pacificar la entidad, una tarea a la que han renunciado las autoridades.

Si desde el Vaticano pidieron o autorizaron a los obispos buscar a los jefes criminales para tratar de lograr un acuerdo de paz entre ellos –a fin de que la población no siga sufriendo los estragos de la violencia–, quiere decir que el vacío que han dejado los gobiernos estatal y federal, por su inoperante política de seguridad, ya se nota más allá de nuestras fronteras.

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