De la decisión que adopte esta magistrada federal en el tribunal de Phoenix, que deberá pronunciarse antes del 29 de julio - fecha en la que está prevista la entrada en vigor de la normativa-,depende que una nueva tormenta caiga sobre el presidente. 

Mientras que desde el agraviado colectivo hispano - la minoría más importante y emergente en Estados Unidos-se aplaude la iniciativa de la Casa Blanca, dentro de las filas demócratas han surgido la preocupación y las críticas soterradas por la iniciativa judicial impulsada por el equipo presidencial. No es muy habitual que Washington actúe contra las leyes de uno de los estados. Las encuestas indican que el 60% de los estadounidenses se muestra partidario de una regulación restrictiva de la inmigración como la impulsada desde el escenario fronterizo. Y más en una época todavía de crisis - el paro se mantiene muy alto y si algún sentido tiene la inmigración es alistar mano de obra (barata)-y en la que en México, justo al otro lado de la valla, las exhibiciones de violencia son moneda corriente. 

Así, este no parece el momento ideal para llevar la contraria a las encuestas, pese a su volatilidad. Es año de elecciones parciales y muchos de los representantes se juegan dentro de poco más de tres meses el futuro de su acomodo en la noria del poder. La cuestión de la inmigración se ha convertido en un problema casi perenne en el país más rico del mundo, con constantes promesas para encarar su renovación, aunque siempre incumplidas en aras de no herir sensibilidades. Uno de los compromisos de Obama al iniciar su mandato fue precisamente que se pondría manos a la obra. El presidente, sin embargo, estaba pasando de puntillas, en su actitud no había ni un ápice de la energía con la que ha logrado sus dos grandes victorias, las reformas sanitaria y financiera. De puntillas, hasta que el asunto ha cobrado un protagonismo que ni un partido ni otro deseaba. 

Su entrada en ebullición se produjo el pasado abril. Jan Brewer, hasta entonces una más que discreta gestora republicana y con pocas posibilidades de continuar en el cargo, estampó su rúbrica en la propuesta SB 1070. De inmediato se encendió la movilización de los hispanos contra una ley que consideran discriminatoria contra todos, documentados o no. 

Según su versión, apoyada por la administración federal, esta ley supone de hecho la criminalización de los inmigrantes ilegales al tiempo que da amplios poderes a la policía para actuar a la más mínima sospecha, cuestión que se mide por el aspecto del ciudadano. Incluso los legales se asoman al precipicio al facilitar su arresto si salen de casa sin la identificación oficial. 

El pasado fin de semana, en Boston, los gobernadores demócratas mantuvieron una reunión con altos cargos de la Casa Blanca. Les hicieron saber que ellos consideran una "cuestión tóxica" la decisión de acudir a los tribunales en contra de Arizona. Ya se habían planteado otros cinco recursos, pero ninguno del calado y la impronta que significa el que detrás esté el Departamento de Justicia. 

El primero de la lista, que es también el que ha abierto las audiencias en la corte, lo suscribió, curiosamente, un policía, David Salgado, uno de los que deberían velar por aplicarla norma. En su actuación contó con la colaboración de Chicanos por la Causa, una organización de hispanos con 41 años de trayectoria. "El Gobierno federal tenía que afrontar su responsabilidad, no puede aceptar que haya 50 leyes diferentes", responde Edmundo Hidalgo, presidente de esta asociación, a las críticas por la iniciativa de Washington. 

"Que las encuestas digan que el 60% de los ciudadanos está a favor de la ley no hace que esta sea correcta", insiste. Sin embargo, Hidalgo reconoce que "el Gobierno debe hacer una norma de inmigración comprensiva porque el sistema está ahora quebrado".