Rusia se ha convertido en el gran abastecedor de los grandes países europeos y se hace pagar un precio elevado -sobre todo político- en forma de no beligerancia, cuando no sumisión, hacia los frecuentes desmanes de Vladímir Putin. Rusia y Bielorrusia se han enzarzado ahora en un rifirrafe que, en síntesis, implica que la república bielorrusa no está dispuesta a pagar el nuevo precio del gas que pide Gazprom: 105 dólares por cada 1.000 metros cúbicos, en vez de los apenas 47 dólares actuales. Así que Minsk ha amenazado con quedarse con el gas que con destino a Europa transita por su territorio. Y aquí empiezan los temores disimulados.

La Unión Europea considera que es un "conflicto colateral", que no tendrá consecuencias, debido a las cuantiosas reservas en Alemania y a que el 80% del gas que llega a Europa occidental transita por el ramal que pasa por Ucrania. Pero las guerras energéticas, por pequeñas que sean, suelen tener consecuencias imprevisibles o agravarse con facilidad. En todo caso, Europa tiene un problema energético estructural -más del 40% del gas que consume procede de Rusia- que no desaparecerá cuando el contencioso de Rusia y Bielorrusia se haya resuelto; y ese problema se agrava con la irritante ausencia de una política energética común y la falta de una política común de suministro.

Bruselas intenta mitigar la dependencia de Rusia y la incapacidad de articular una política energética para el continente con el estímulo, hasta el momento sólo verbal, de la energía nuclear. Está bien visto en términos estratégicos, pero siempre que se expongan con claridad algunos matices de importancia. Uno de ellos es que la producción de electricidad nuclear está sujeta, como la que se obtiene a partir de carbón o gas, a condiciones económicas y regulatorias complejas.

También está claro que la hipotética puesta en marcha inmediata de parques nucleares en Europa no resolvería el problema a corto plazo; construir una planta atómica nueva requiere no menos de tres años. Así que de ningún modo puede eludirse la obligación de concertar una política energética común. Es el mejor antídoto para evitar problemas colaterales.