Las manifestaciones de los que ya se conocen como los indignados israelíes vienen a demostrar que el conflicto con los palestinos ha dejado de operar como un factor indiscutible de cohesión, al que hasta ahora se supeditaba el resto de los problemas que padece el Estado. El discurso del enemigo exterior no ha podido ocultar por más tiempo que los israelíes esperan de su Gobierno, además de seguridad, una gestión distinta de los asuntos cotidianos que más les afectan. En Tel Aviv y otras ciudades, los ciudadanos no han salido a la calle para reclamar la paz ni tampoco la guerra, sino para llamar la atención sobre unas condiciones de vida cada vez más degradadas. Los manifestantes no han querido tomar posición sobre la ocupación del territorio palestino, conscientes de que podría provocar división. Pero han denunciado que la política de asentamientos seguida por el Gobierno, empeñado en colonizar ilegalmente un territorio que no le pertenece, distorsiona gravemente la capacidad del Estado para aliviar el problema de la vivienda.

La oposición acusa al Ejecutivo de carecer de otra estrategia que no sea la de ganar tiempo, y no le falta razón. Netanyahu, en efecto, necesita tiempo para que la coalición que lo sostiene no se resquebraje ante las múltiples presiones a las que está sometida. Lo necesita, además, para que las protestas internas no se solapen con lo que pueda suceder en septiembre, prospere o no la declaración del Estado palestino. Y lo necesita, por último, porque el único objetivo en el que parecen estar de acuerdo las distintas fuerzas integradas en su Gobierno es el de conservar el poder. A costa, incluso, de la inacción, por más que la haya intentado ocultar detrás de rotundas palabras. O de comisiones como la recién creada para apaciguar unas protestas sociales inéditas en Israel.