Tras el traspié inicial de la diplomacia estadounidense, el curso de los acontecimientos sugiere la reconducción del caso del disidente chino Chen Guangcheng. La decisión de permitirle solicitar un visado para estudiar en EE UU parece abonar la idea de un compromiso que permitirá al activista invidente abandonar China e instalarse con su familia en Nueva York. Pero, de momento, Chen está bajo arresto domiciliario y ayer puso en aprietos al Gobierno en Pekín para que dejara claro que su situación no se debía a una decisión de este, sino de las autoridades de la provincia de Shandong donde reside.

La crisis no está cerrada. El caso Chen, a renglón seguido de la purga de Bo Xilai del sanedrín comunista, es el peor incidente diplomático en años entre China y EE UU. Si Pekín adoptara finalmente represalias contra él y los familiares y amigos que le ayudaron durante la dramática primera huida de su largo arresto domiciliario, no solo cometería un nuevo e inadmisible gesto de desprecio por los derechos humanos; humillaría también a Barack Obama y asestaría un duro golpe a su credibilidad en año electoral. Rara vez en la última década las complicadas relaciones entre las dos superpotencias han dependido tanto de la suerte de un solo hombre, al que su denodado y desigual combate contra el leviatán del comunismo chino le ha convertido en símbolo.

Más allá de su desenlace inmediato, el caso toca de lleno la médula del autoritario y arbitrario régimen comunista. Los dirigentes chinos, que este año entregan el poder a una nueva generación, predican el final de la corrupción, el imperio de la ley y la necesidad de encauzar las reivindicaciones ciudadanas. Pero la realidad desmiente su sermón. El definitivo dilema del impune partido único reside en que necesita la ley para gobernar a 1.300 millones de personas, pero someterse a ella implica la pérdida de su omnímodo poder y privilegios.