Las frases “la guerra de Calderón” o “los muertos de Calderón”, que utilizan varios comentaristas, editorialistas y revistas de izquierda, son una muestra de la politización de la lucha contra el crimen.

Constitucionalmente la lucha contra el crimen recae y más tratándose de delitos del fuero común, como el homicidio, robo y extorsión, que representan el 90% de los actos violentos, en las autoridades estatales; sin embargo, dichas autoridades en varios estados de la República no tan solo han descuidado la lucha contra el crimen, sino en algunos, como Tamaulipas, se asociaron con los criminales.

Las propuestas de lucha contra el crimen de los candidatos del PRI y el PRD, que prometen continuar con la presencia de las fuerzas armadas en los Estados y fortalecer la policía federal, coincidente básicamente con las estrategias del Presidente Calderón, sin embargo culpan a Calderón de los muertos por violencia, siendo que ha sido la Marina, el Ejército y la Policía Federal, quienes han detenido a la mayoría de los asesinos, extorsionadores y secuestradores.

Según la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad Pública, los tres estados con más muertes violentas en 2010: Chihuahua, Sinaloa y Tamaulipas, son gobernados por el PRI; en 4º lugar, Guerrero, gobernado por el PRD; 5º, 6º, Y 7º lugar, Durango, Estado de México y Nuevo León, gobernados también por el PRI; 8º y 9º Jalisco y Baja California, gobernados por el PAN; y 10º Michoacán, gobernado por el PRD.

La lucha contra la violencia implica coordinación entre municipios, estados y la federación. Todos los niveles de gobierno y partidos que gobiernan son responsables de la seguridad en México. Y de los tres niveles de gobierno quienes han fallado con mayor contundencia son los gobernadores, algunos hasta se han asociado con los criminales, como lo demuestran diversos expedientes abiertos en los Estados Unidos.