Un motivo similar habría provocado, también, el desplazamiento del inspector que llevaba a cabo la investigación y el del jefe de la DGI en Comodoro Rivadavia.

En la Justicia hay en marcha tres grandes investigaciones sobre empresas fantasmas que se dedicaban a fabricar facturas falsas. Se las llama empresas fantasmas porque sólo constituyen fachadas de papel que, a veces, ni siquiera poseen un domicilio real. Existen como usinas para emitir facturas que compran empresas reales que evaden impuestos, justifican transferencias de dinero sucio o pagan coimas.

En la investigación de una de esas tres megacausas fueron descubiertas -además del caso Skanska, que consistió en el presunto pago de coimas y sobreprecios millonarios en dólares en la ampliación de los gasoductos en 2005- facturas dudosas relacionadas con la firma constructora Gotti SA.

Esta firma, surgida hace décadas en Santa Cruz, está vinculada ahora con Austral Construcciones, de Lázaro Báez, quien creció exponencialmente como empresario al calor de los gobiernos de Néstor Kirchner en su provincia y en la Nación.

Igual que Skanska, Gotti SA habría recurrido al uso de facturas falsas para esconder o encubrir pagos presuntamente ilegales y presentarlos como pago de servicios. Esas facturas bajo investigación suman 21.382.737,23 pesos, algo más de 7.100.000 dólares. En el caso de Skanska, que tomó por sorpresa al gobierno de Néstor Kirchner, la filial argentina de la constructora sueca admitió ante la Justicia que usó facturas apócrifas para pagar coimas.

Pocos días antes de la asunción de Kirchner como presidente, Sergio Javier Gotti se asoció con Lázaro Báez para constituir Austral. Báez se inició como cadete en el Banco de Santa Cruz y hoy es uno de los principales empresarios del país, además de dedicarse a la construcción, rubro en el que ganó licitaciones por 3500 millones de pesos durante las gestiones provinciales y nacionales del matrimonio Kirchner.

También incursionó, con notable éxito, en el negocio petrolero. Se lo vincula estrechamente a la omnipotente petrolera estatal Enarsa, cuyo presidente, Ezequiel Espinoza, alquiló y viajaba en el avión que trajo al venezolano Antonini Wilson y la valija con ochocientos mil dólares, y ha comprado varias estancias en Santa Cruz pagándolas al contado.

Por sí sola, la enumeración de estos datos y circunstancias debería obligar a la AFIP, de la cual depende la DGI, a acelerar las investigaciones sobre Gotti SA, iniciadas hace un año en la Justicia, y a hacer públicas sus conclusiones a la brevedad.

Mientras esto no ocurra, los recientes desplazamientos en la DGI continuarán alimentando fundadas sospechas. Tantas como alimenta la falta de resultados en la investigación que tiene a su cargo la Justicia.