esde por lo menos 2007, cuando el gobierno de Néstor Kirchner intervino el Indec , el país viene deslizándose aceleradamente por una profunda espiral de desconfianza . Sus principales mediciones resultan inverosímiles a los ojos de cualquier ciudadano común, no ya sólo de los expertos.

Y más curioso aún es que la manipulación fraudulenta de esos datos se ha convertido en un arma de doble filo para el propio Gobierno, casi en un autoboicot, pues así como le permite mostrar, por ejemplo, índices de pobreza y de indigencia mucho menores a los reales, con las consecuencias dramáticas que esta mentira implica, el presunto bienestar al que apuntan finalmente esas mediciones lo ha obligado a tener que pagar más a sus acreedores por un crecimiento que no ha sido tal en el país.

Por otro lado, este gobierno ha montado buena parte de su estrategia comunicacional sobre los logros que dice haber conseguido en materia de inclusión social. Algunos de ellos son evidentes: la Asignación Universal por Hijo, por ejemplo, ha resultado un instrumento beneficioso para miles de familias que no contaban con ningún tipo de sustento económico, pero corre el riesgo de perpetuarse como dádiva sin solucionar el tema de fondo: la falta de un empleo registrado y estable. Del mismo modo, el apoyo mayoritario de las fuerzas del oficialismo en el Congreso ha dado lugar a que se sancionaran leyes que equiparan y amplían derechos largamente reclamados, pero que terminan resultando insuficientes en el balance acuñado con datos mayoritariamente falsos.

Esa falta de credibilidad del país en el exterior derivó en que la Argentina no fuese considerada recientemente para la confección de un índice que mide la inclusión social en la región. Es el ranking que, desde 2012, produce el Consejo de las Américas. Este año, ni nuestro país ni Venezuela fueron incluidos en ese listado, en el que figuran 15 naciones de América latina, más los Estados Unidos, publicado en la revista Américas Quarterly.

El informe argumenta que "no hubo suficiente confianza" en los datos proporcionados por ambos países, necesarios para la elaboración del índice que toma 21 variables, entre ellas, el crecimiento económico y la evolución de la pobreza, el acceso a la educación y a la vivienda, los niveles de participación ciudadana, los derechos de las personas homosexuales y los de las mujeres.

Lo cierto es que, además de la falta de credibilidad de esos índices oficiales, ya sea por sus fallas técnicas o por el recorte tendencioso de la realidad que toman como parámetro, numerosas mediciones privadas de instituciones serias de la Argentina no han hecho más que contradecir esos datos. Por caso, en el último Barómetro de la Deuda Social de la Infancia, de la Universidad Católica Argentina (UCA), se establece muy claramente que entre las principales deudas sociales con la primera infancia en el país se encuentran las condiciones del hábitat de vida en aspectos como el saneamiento y la vivienda, así como el acceso a la alimentación, y que, respecto del derecho a la salud, la oferta pública existente no ha significado un acceso de calidad para todos los habitantes.

Por otro lado, desde el punto de vista educativo, el Gobierno se ha venido jactando de la entrega de computadoras portátiles en las escuelas públicas del país, pero nada explica sobre el grueso incumplimiento de las metas de doble escolaridad o del abandono escolar o de la repitencia. Y son sólo un par de ejemplos que sin dudas hacen a la inclusión social de los habitantes de nuestro país.

No es la primera vez que la Argentina es excluida de una publicación como la del Consejo de las Américas, una de las instituciones de mayor envergadura en el vínculo entre los Estados Unidos y América latina y principal foro político y empresarial de la región en el país del Norte. Sin embargo, que semejante entidad nos haya descartado en su medición es otro retroceso que no debe ser despreciado por nuestras autoridades, máxime cuando en el Gobierno prometen la confección de un nuevo índice de precios que reemplace al existente.

Es de esperar que ese nuevo instrumento sirva para despejar las dudas que, como nación, hemos venido sembrando y alimentando a lo largo de tantos años. Para ello, deberá ser, además de técnicamente inobjetable, políticamente independiente, autosuficiente y autónomo. Apegado a la realidad y en busca de un único fin: la verdad y el respeto que tanto nos debemos.