Hasta las últimas elecciones presidenciales, la crisis energética argentina simplemente no existía en el guión oficial. Se trataba, según el relato kirchnerista, de una simple fantasía derrotista o de pronósticos destituyentes. La pérdida del autoabastecimiento no se consideraba siquiera como problema. Se nos decía que se importaba energía para, presuntamente, agregarle valor. Se anunciaba, además, con un propósito electoral, que no habría en el futuro ajustes de tarifas.

Alegremente, se importó energía por años a precios internacionales, para satisfacer así el consumo doméstico, en tanto los precios locales, regulados, no guardaban relación alguna con los costos de producción y distribución y aún menos con el costo de las importaciones.

Así, durante los últimos nueve años se desalentó abiertamente la inversión en el sector energético. Las tarifas de electricidad y gas fueron congeladas, mientras que los precios de los combustibles líquidos fueron vigilados y sometidos a las presiones características de la gestión kirchnerista. La exportación de petróleo crudo debió pagar un derecho móvil que mantuvo el precio interno en un valor fijo, siempre muy por debajo del precio internacional. Mientras el país tuvo saldos exportables esta política aportó recursos al fisco, pero los precios en boca de pozo quedaron rezagados, lo que desalentó la exploración y la producción. Lo mismo, pero con mayor gravedad, ocurrió con el gas.

La consecuencia fue que las inversiones se desviaron hacia a los países que reconocían precios a los del mercado internacional o cercanos a éste.

A esta circunstancia se agregó lo acordado en el caso de Repsol YPF, donde la compra de una parte del paquete accionario por un grupo afín al Gobierno se implementó a partir de un plan de distribución masiva de dividendos. Eso implicó una diferencia con cualquier otra empresa petrolera, que debe reinvertir gran parte de sus utilidades para mantener el nivel de reservas y de producción. Es tan sólo una muestra del profundo desprecio por la inversión que prevaleció en el modelo adoptado en los últimos ocho años.

Los daños de esta política están ciertamente a la vista. La producción de petróleo y gas cayó, perdiéndose el autoabastecimiento y teniendo que recurrir a costosas importaciones de gas licuado y combustibles. La diferencia la pagó el Gobierno, esto es, los contribuyentes. Los productos que se importan no sólo tienen precios más altos, sino que llegan en un marco de escasa transparencia, apropiado para la corrupción. Además, la caída de los márgenes de comercialización en los combustibles provocó la quiebra y desaparición de una importante proporción de las estaciones de servicio del país.

El sector eléctrico sufrió de la misma forma el congelamiento tarifario y el derrumbe de las inversiones. El gobierno kirchnerista debió subsidiar e impulsar aportando deudas a los generadores para construir nuevas centrales de generación. Contó con la ventaja del gran excedente de potencia instalada que encontró en 2003 por las inversiones de la década anterior.

Hoy la actitud oficial es diferente. Se volvió insostenible el enorme impacto de los subsidios sobre las cuentas públicas. Ante la falta de acceso al crédito público, el déficit fiscal debe hoy financiarse con emisión, con el riesgo de potenciar la inflación. Era una cuestión de tiempo y efectivamente ocurrió. Para aliviar al Tesoro nacional se intenta ahora tardíamente corregir la destructiva política tarifaria. A la fecha, las facturas de gas y electricidad con ajustes han llegado sólo a unos 300.000 usuarios. Esto es apenas el 4% del universo de los hogares argentinos. Las renuncias a los subsidios son nada más que 27.000. La generalización de los aumentos parece inevitable. Y estos ajustes deberán acentuarse para incluir una mayor retribución a los prestadores, ya que los aumentos iniciales se han destinado primordialmente al fisco para solventar las importaciones de gas.

La balanza comercial del sector energético, tradicionalmente superavitaria, a punto tal que en 2010 tuvo un saldo favorable de casi dos mil millones de dólares, en 2011 fue deficitaria en más de tres mil millones, con proyección aún más negativa para el año en curso. La importación de petróleo, gas y combustibles líquidos crece ante la sostenida caída de la producción nacional, consecuencia inevitable de una política sectorial tan discrecional como grotesca.

Para corregir un estado de cosas del que el gobierno nacional es claramente el principal responsable, se recurre, como ya es habitual, a la intimidación. La forma en que se dispuso la anulación de las concesiones petroleras a YPF en Santa Cruz y Chubut no deja de ser una nefasta señal, que provocará aún más desconfianza en los operadores y agravará seguramente las actuales tendencias declinantes.

La Argentina dispone de recursos energéticos abundantes si se tiene en cuenta que la estimación de las reservas de petróleo y gas en yacimientos no convencionales (shale oil y shale gas) ubica a nuestro país en el tercer lugar en el mundo. No hay otro camino que recomponer precios y tarifas de cara al realismo y salir del populismo y la demagogia que filosóficamente inspiran los subsidios. En todo caso, si por claras razones sociales, algunos debieran subsistir, deben canalizarse hacia quienes los necesitan mediante el arbitrio de subsidiar la demanda y no la oferta. Deben además crearse las condiciones de seguridad jurídica y estabilidad para convocar inversiones, que por su magnitud claramente el Estado no podrá enfrentar.