Ningún país acosado por divisiones, odios y resentimientos puede proponerse con serias probabilidades de éxito objetivos superadores. Sólo una fuerte voluntad política y social por recrear mecanismos idóneos para el diálogo podrá conducirlo hacia un camino de armonía y concordia.

La sociedad argentina viene asistiendo a sucesivas manifestaciones de animosidad y rencor que no hacen más que degradarla. La violencia verbal se ha convertido en cotidiana, no sólo en el poder político, sino también en no pocas redes sociales y medios de comunicación. Como en los peores momentos de nuestra historia, las diferencias políticas han derivado hasta en conflictos familiares.

Los crecientes niveles de inseguridad que se palpan a diario, la acción de las barras bravas del fútbol y de las patotas sindicales, la expansión del narcotráfico y la impunidad de quienes siembran la corrupción en la función pública son cuestiones que potencian la indignación social. Tanto como una situación económica donde el trabajo precario y la exclusión de muchos dista de haber sido superada, y donde los impuestos al trabajo castigan a cada vez más trabajadores que perciben el creciente deterioro de su poder adquisitivo frente a una inflación galopante, al tiempo que se premia con la posibilidad de un blanqueo a grandes evasores.

La paz social es un requisito inevitable para un mejor futuro y, especialmente, ante la necesidad de corregir las distorsiones de un modelo económico que se ha agotado y de un estilo de gestión cuya lógica de construcción de poder por la vía de la confrontación ya ha demostrado sus nefastas consecuencias para la salud de la República.

Pero reconstruir la paz social demanda como mínimo que se deje de ver en el otro un mal o un enemigo al que sólo cabe destruir. La edificación de barreras ideológicas o sectoriales conspirará siempre contra el objetivo de la concordia, en la medida que retroalimenta los resentimientos y las exclusiones, al tiempo que puede desencadenar un proceso de violencia capaz de espiralizarse. Se debe evitar que una chispa derive en un incendio de proporciones imprevisibles y de duración incalculable.

Nuestra historia nos refiere las ocasiones en que los resentimientos y las antinomias constituyeron el motor de venganzas que provocaron graves enfrentamientos. Si bien el momento actual no es afortunadamente comparable al de los trágicos años setenta, donde la violencia política y social adquirió niveles extremos, nunca está de más advertir sobre las consecuencias que puede desatar la inoculación del odio en la sociedad.

Así como se aprende de las tragedias del pasado, también es menester aprender de las positivas experiencias que aporta nuestra historia. En 2002, cuando el país ardía por estallidos sociales derivados de una de las más graves crisis políticas, económicas y sociales, una feliz iniciativa impulsada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Iglesia Católica y diversas organizaciones no gubernamentales condujo a la conformación de la Mesa del Diálogo Argentino. Ese espacio, al que tanto contribuyó el diplomático español Carmelo Angulo Barturén y al que se integraron dirigentes políticos, sociales, empresariales y sindicales, contribuyó en aquellos momentos aciagos a la pacificación de los ánimos y a la elaboración de políticas sociales. Fue una red invisible de contención que impidió que el caos se adueñara del difícil escenario. Ha llegado la hora de reactivar esa mesa, con la participación activa de todas las fuerzas políticas, sin exclusión alguna

En más de una ocasión, desde que llegó al Poder Ejecutivo en diciembre de 2007, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, realizó convocatorias al diálogo. Por distintos motivos, todas naufragaron. Las invocaciones jamás se tradujeron en una práctica activa. Las actitudes mezquinas pudieron más. Pero sería hipócrita no admitir que en esos fracasos también incidió una dirigencia opositora que, envuelta en rencillas personales, rara vez fue capaz de debatir coincidencias programáticas que derivaran en una estrategia común con miras a un diálogo expectable con el Poder Ejecutivo.

Con la fortaleza y la autoridad moral que le confiere la llegada de Jorge Bergoglio a la Santa Sede, la Iglesia es hoy la institución en mejores condiciones para realizar una convocatoria a ese diálogo tan necesario para superar los agravios y avanzar, mediante gestos de grandeza y de encuentro, hacia una convivencia civilizada, dentro de la cual puedan buscarse las soluciones más adecuadas a los complejos desafíos del presente.

Así como el papa Francisco aspira a una reunión cumbre de líderes religiosos cristianos, judíos y musulmanes con la intención de ofrecer al mundo un mensaje conjunto de paz, de condena a la violencia y de rechazo a la utilización del nombre de Dios para justificar las acciones terroristas, los argentinos deberíamos ser capaces, con la guía espiritual de la Iglesia, de sentarnos alrededor de una misma mesa para dialogar sobre la base de la buena fe. En su paso como titular del Episcopado y de la arquidiócesis de Buenos Aires, Francisco fue un gran impulsor del diálogo interreligioso. Con gestos y hechos concretos, tendió lazos de unión entre creencias con enormes diferencias que, incluso, llegaron a enfrentarlas, y las invitó a encarar el futuro con capacidad conciliadora.

Es cierto que el diálogo que pueda dar lugar al auténtico progreso se torna harto dificultoso cuando la calidad institucional queda relegada y el principio republicano de división de poderes pasa a ser letra muerta. No obstante, los argentinos deberemos entender que sin diálogo no podremos dejar atrás el retroceso institucional. Porque la política, entendida como la búsqueda del bien común, sólo puede nutrirse del diálogo y de la tolerancia, y nunca de actitudes autistas que sólo nos conducirán a una mayor discordia y desunión