En momentos en que aumentan la conflictividad social y las protestas sectoriales y en que la delincuencia se abate sobre la población de todo el país, la Presidenta ha afirmado que no someterá a la Gendarmería "a situaciones que deben ser responsabilidad de los gobiernos provinciales".

Cristina Kirchner adoptó esta arbitraria y peligrosa decisión tras conocer el trágico accidente de tránsito en la ruta 3, en Chubut, en el que perdieron la vida 12 personas. Nueve de ellas eran gendarmes que habían custodiado el yacimiento Cerro Dragón, en Comodoro Rivadavia, donde un grave conflicto gremial concluyó con destrozos pocas veces vistos por el ensañamiento y el sadismo con que se perpetraron. Cuando ocurrió el accidente que involucró a dos micros y un camión, los gendarmes se dirigían a Rosario, donde residían.

Es indudable que el hecho produjo una lógica conmoción en la Presidenta. Lo que no es lógico, en cambio, ha sido su abrupta decisión basada en el argumento de que corresponde únicamente a los gobiernos provinciales "custodiar en sus respectivas jurisdicciones el orden y la seguridad". Tal argumento choca con realidades como la de la provincia de Buenos Aires, donde ha sido necesario el envío de 9200 gendarmes para reforzar a la policía bonaerense en el Gran Buenos Aires.

De retirarse en todo o en parte esa dotación, la población del conurbano se vería en problemas más graves aún de los que actualmente padece. Es sabido que el gobernador Daniel Scioli no sólo no goza del favor presidencial, sino que sus aspiraciones presidenciales lo han colocado en la categoría de enemigo para el gobierno nacional. Basta recordar la asfixia financiera a la que se ha condenado a la principal provincia del país debido a ese absurdo enfrentamiento.

De todos modos, es inadmisible que se emplee a una fuerza de seguridad como herramienta de castigo o de amenaza a uno o a varios gobernadores, porque se estará jugando con la seguridad de la población en esas provincias. Las discrepancias que pueda mantener la Presidencia con ciertos gobernadores jamás pueden dirimirse a costa de la vida o la integridad física de la ciudadanía, y menos aún en un país que ve cómo se incrementa la osadía de los delincuentes y cómo aumenta la cantidad de muertos y heridos a manos de asaltantes.

En ese contexto, también es muy preocupante la huelga policial que desde hace varios días sufre la provincia de Santa Cruz debido a reclamos salariales de los efectivos. El gobernador Daniel Peralta, quien tampoco goza del favor presidencial, asiste desde hace meses a una escalada delictiva.

Llamativamente, como esa huelga dejó sin custodia el mausoleo donde reposan los restos de Néstor Kirchner, el gobierno nacional hizo una excepción y el secretario de Seguridad nacional, Sergio Berni, dispuso que la Gendarmería con asiento en Río Gallegos designe custodios vestidos de civil para monitorear el edificio.

En el discurso en el que anunció el retiro de la Gendarmería, la Presidenta sostuvo: "Me van a tener que procesar a mí porque no voy a permitir que ningún gendarme salga más a cuidar". Y en el mismo acto anunció que por decisión suya la Policía Federal no custodiaría el acto que al día siguiente iba a realizar en la Plaza de Mayo el líder de la CGT, Hugo Moyano, ex aliado devenido opositor. Fue una muestra más del uso político de la desprotección como castigo a los "infieles", además de un claro incumplimiento de un deber constitucional.

No se entiende, además, por qué el Gobierno ha decidido emplear a las tres Fuerzas Armadas en tareas de contención social en villas de emergencia y barrios carecientes de la Capital y el conurbano, cuando esa tarea podría realizarla la Gendarmería, que ha recibido un entrenamiento más adecuado para ese fin.

En esencia, se van sumando medidas que brillan por su improvisación y arbitrariedad, y que terminan por subordinar la seguridad de la población a intereses muy mezquinos. El fin nunca justifica los medios, y en este caso el fin dista de ser noble. Al contrario. Se ha reducido la política a una persecución de quienes no se encolumnan con el discurso oficial o no lo hacen con el necesario servilismo, y en esa persecución se dosifica o se elimina la intervención de fuerzas de seguridad y policiales, sacrificándose así la integridad de las personas y sus bienes mientras crece exponencialmente la inseguridad..