De los recientes anuncios del titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), Martín Sabbatella, sobre la implementación de la polémica ley de medios se desprende algo que desde hace tiempo era más que evidente: más que la pluralidad de voces, lo que busca el gobierno nacional es castigar a un grupo empresario en particular por su línea editorial contraria al pensamiento oficial.

Si algo faltaba para confirmar esa hipótesis fueron las expresiones de un funcionario de la Afsca, quien en declaraciones a una radio admitió la intención oficial de controlar las líneas editoriales de medios cuyos propietarios pudieran ser sospechados de ser testaferros de otros grupos empresariales.

Aunque sus dichos fueron desesperadamente desmentidos por Sabbatella, quien una vez más acusó al periodismo de tergiversarlos, el coordinador de la Afsca en el conurbano norte, Nicolás Cherei, había asegurado que se realizaría "un control a los diferentes medios" con el propósito de evitar la presencia de testaferros que permitan a grandes grupos evadir el límite máximo de licencias que establece la ley. Más concretamente, expresó: "Si tienen diferentes dueños, vamos a controlar que haya también diferentes estilos editoriales, diferentes técnicos, diferentes periodistas y diferentes camarógrafos".

Si bien Sabbatella aseguró que nada de eso figura en los planes del organismo a su cargo, poca confianza inspira que un hombre de su propia agrupación política y de su confianza plantee, como lo ha hecho, una amenaza a la continuidad laboral de periodistas, técnicos y camarógrafos por pensar de determinada manera, además de admitir la posibilidad de mecanismos de censura previa y un cercenamiento de la libertad de opinar, incompatibles a todas luces con elementales derechos garantizados por nuestra Constitución nacional.

Consideraciones tan lamentables llevan a conjeturar con sólidos argumentos que, para algunos representantes del oficialismo, el 7 de diciembre, grupos como Clarín no sólo tendrán que desprenderse de licencias que presuntamente excedan el cupo fijado por la ley, sino que éstas, además, deberían ser transferidas a grupos con una línea editorial muy distinta de la de Clarín y, preferentemente, afín al gobierno nacional.

Las precisiones formuladas días atrás por Sabbatella, en una conferencia de prensa en la cual se refirió a los grupos mediáticos que deberán adecuarse antes del 7 de diciembre a la ley y realizar desinversiones, tampoco dejaron lugar a mayores dudas sobre las perversas intenciones del Gobierno.

Entre los grupos que, según el funcionario, tienen pendiente su adecuación al nuevo marco normativo, curiosamente, no fueron citados algunos que tienen más afinidad con el oficialismo, pese a presentar claras incompatibilidades.

Más grave todavía resulta la amenaza de Sabbatella de avanzar de oficio sobre licencias audiovisuales de aquellos grupos empresarios que al 7 de diciembre no presenten su plan de adecuación, aun cuando la Justicia no se haya pronunciado sobre algunos artículos de la ley de medios que se encuentran suspendidos por su presunta inconstitucionalidad.

Igualmente negativo resulta que el presidente de la Afsca haya planteado que, si no se presentan oferentes para adquirir las licencias que excedan el tope establecido por la ley, éstas podrían ser entregadas a nuevos dueños mediante una adjudicación directa. También, que haya dejado trascender que el Gobierno no sólo se quedaría con las licencias, sino además con bienes y equipos utilizados para su explotación, lo cual constituiría otro tremendo ataque a la propiedad privada.

Mientras se producen estas amenazas, la ley de medios sigue paralizada en muchas cuestiones, y no precisamente por las medidas cautelares dictadas por la Justicia a favor del Grupo Clarín. Concretamente, la Afsca dejó sin efecto un concurso público para la instalación de 220 canales de televisión en todo el país, al tiempo que sigue sin incorporar a los dos representantes de la oposición que deberían formar parte de su directorio y que garantizarían una mínima pluralidad del organismo.

Por todo lo expuesto, resulta a estas alturas indudable que la instrumentación de la ley en cuestión, lejos de perseguir un verdadero pluralismo de voces, sólo propicia un disciplinamiento de los disidentes del Gobierno y la creación de una herramienta más al servicio de un proyecto hegemónico