El acuartelamiento policial cordobés en reclamo de ajustes salariales fue, además del disparador del resto de los conflictos, la primera prueba de sinrazón. No es admisible que un servidor público en el área de seguridad abandone la tarea que tiene asignada dejando a la población a merced de la delincuencia.

Pero que la policía cordobesa y las de los demás distritos que replicaron su estrategia extorsiva hayan sido las primeras responsables del caos no quiere decir que sean las únicas. Hubo muchos pobladores que, aprovechando la ausencia de un Estado que garantizara la seguridad, rompieron y saquearon todo a su paso en una actitud que nada tenía que ver con satisfacer necesidades básicas como el hambre. Los robos de mercadería suntuosa revelaban un doloroso combo de resentimiento, odio y nulo apego a la ley, nefastas cualidades alentadas con reiteración por nuestras autoridades, las que hacen gala de intolerancia y soberbia.

Ante la extorsión, muchos gobernadores cedieron otorgando aumentos de sueldos que no pueden financiar. El gobierno nacional, que los asfixia con menor o mayor presión según el signo político de cada provincia, actuó tarde, mal y sin ningún tipo de autocrítica.

El entorno de Cristina Kirchner convenció a la Presidenta de que no había que ir en ayuda de Córdoba. Deliraba con que José Manuel de la Sota se hundiera en su propio caos , sin reparar en que no sólo De la Sota tiene problemas de caja. De ahí a la turba generalizada en casi todo el país hubo sólo un paso. Los propios gobernadores kirchneristas que celebraran el nuevo llamado al diálogo abierto por el gobierno nacional tras su derrota en los pasados comicios, rápidamente interpretaron la endeblez de esa invitación y cómo los afectaría, más temprano que tarde, esa mezquindad irracional para con Córdoba.

Rápidamente se sucedieron protestas policiales, saqueos y enfrentamientos en Catamarca, La Rioja, Río Negro, Neuquén, San Juan, Santa Fe, Chaco, Entre Ríos, Tucumán, Salta, San Luis, Tierra del Fuego, Chubut y Mendoza. La provincia de Buenos Aires vivió también momentos de enorme tensión, especialmente con enfrentamientos y robos en Mar del Plata, Chivilcoy y el conurbano bonaerense.

Cuando el desborde era ya generalizado, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, tuvo que desandar sus pasos esmerilando su poco caudal político. Tras haber asegurado que los problemas generados por las protestas sociales y los ataques a bienes y personas eran de exclusiva competencia de las provincias, se vio obligado a enviar más de 10.000 gendarmes para atender los conflictos en todo el país.

Hasta el momento, Córdoba y Tucumán relevaron a sus cúpulas policiales, una actitud que el gobierno nacional aspira ver en otros distritos en los que hubo acuartelamiento, de modo de recuperar la autoridad y de seguir alimentando la teoría oficial de que las revueltas fueron instigadas, convocadas y desarrolladas por sectores desestabilizadores y no porque exista un problema social y económico gravísimo en la base de todos esos reclamos.

El Gobierno pretende desviar así, una vez más, la atención de los devastadores efectos de la inflación, desconocer la asfixia fiscal a la que somete a los ciudadanos que, como nunca antes, ven multiplicadas sus obligaciones tributarias, y tapar su responsabilidad sobre el estado de exclusión constante a la que se somete a vastos sectores en los que la presencia del Estado es inexistente o que sólo se reduce a la entrega de subsidios que terminan siendo depreciados por la imparable suba de precios.

La "red clientelar" conformada por el Estado nacional y los provinciales a fuerza de dádivas ya no dispensa lealtad política a los gobiernos que ven con terror, aunque peligrosamente pasivos, cómo el narcotráfico crea Estados paralelos en las barriadas más pobres, cooptando gente desesperada.

Si bien la cuestión económica ha sido clave en esta escalada de conflictos, no es menos cierto que muchos de ellos estuvieron también dominados por un profundo malestar por los atropellos de la propia clase política, por la corrupción policial y por el festival de negociados en los que se investiga a funcionarios de altísimo rango. Obras públicas anunciadas una y otra vez, promesas de saneamiento que nunca llegan, hospitales sin insumos, escuelas sin clases, inseguridad, descreimiento en las instituciones e impunidad para muchos funcionarios... Son mochilas demasiado pesadas para ciudadanos a los que periódicamente se ofrecen soluciones de cumplimiento incierto en las campañas electorales, y hasta se les quiere hacer creer que todo ha sido ganancia durante los últimos diez años de gobierno.

Como se dijo, la salida de emergencia aplicada por los gobernadores para superar la crisis ha sido responder a la extorsión policial con aumentos de sueldos que rondan en promedio el 50 por ciento. Eso creará mayores problemas a las cuentas fiscales y retroalimentará la ya desatada inflación. El gobierno nacional ha tomado nota de la situación y salió apresuradamente a dialogar con los docentes para adelantar acuerdos. También postergó los vencimientos de pagos de deudas provinciales y promete dialogar con los mandatarios para hallar mecanismos tendientes a equilibrar sus rojos fiscales.

Por estas horas, el gobierno nacional no oculta su preocupación de que más gremios estatales reclamen recomposiciones salariales con topes cercanos a los conseguidos por la policía, los que están muy alejados de los máximos con los que soñara el ministro de Economía, Axel Kicillof, cuando días antes de que comenzaran los saqueos anunciaba un nuevo acuerdo de precios y salarios.

La mala praxis del gobierno nacional facilitó que el incendio cordobés se extendiera a todo un país que necesita, de una vez por todas, de un sinceramiento profundo, un acuerdo amplio y durarero sobre bases reales y una revalorización del respeto a la ley y a las instituciones. Sin ellos, la cuesta será cada vez más pronunciada y el deterioro, aún más profundo. Es de esperar que la racionalidad se imponga finalmente a la especulación política..